La jueza Lici Sánchez pospuso la audiencia identificatoria de Alexandre Rodrigues Gomes, requerido por la justicia brasileña por presunto crimen organizado. La diligencia no pudo llevarse a cabo debido a problemas logísticos desde la penitenciaría y un pedido de suspensión de la defensa.
La jueza Lici Sánchez decidió suspender la audiencia identificatoria de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien es reclamado por Brasil en el marco de una investigación por presunta participación en crimen organizado.
La diligencia estaba prevista para ayer viernes; sin embargo, no se pudo concretar debido a que desde la penitenciaría no se facilitó el número telefónico necesario para realizar la audiencia de manera remota.
A ese inconveniente se sumó la solicitud de la nueva abogada defensora, Amanda Silva, quien pidió la suspensión formal de la audiencia, lo que finalmente llevó a la magistrada a posponer el trámite, que era un requisito de forma para la extradición.
La abogada informó que necesita interiorizarse del expediente para formar una opinión al respecto y orientar también en paralelo a su cliente sobre la solicitud del pedido de extradición.
Sánchez explicó que la diligencia será reagendada próximamente y que su finalidad es únicamente cotejar los datos personales de Rodrigues Gomes con la documentación remitida por las autoridades brasileñas.
El requerido se encuentra actualmente privado de libertad en el Centro de Reinserción Martín Mendoza de Emboscada, donde cumple prisión preventiva por causas abiertas en el sistema judicial paraguayo.
La causa se originó tras el pedido oficial de extradición presentado por el Juzgado Federal de Porto Alegre, a cargo de la jueza Cristina de Albuquerque Vieira, en el marco de una investigación de alto perfil.
Según la solicitud brasileña, Rodrigues Gomes está siendo investigado por supuestos delitos vinculados al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y conformación de una organización criminal.
Las autoridades del vecino país sostienen que la estructura investigada se dedicaba a introducir cocaína en territorio brasileño y a enviar cargamentos al extranjero mediante rutas previamente planificadas.
Los informes remitidos por Brasil indican que estas actividades habrían generado importantes beneficios económicos para los involucrados, dependiendo de esquemas complejos destinados a ocultar el origen ilícito del dinero.
Las autoridades paraguayas, por su parte, deben completar el procedimiento de verificación de identidad antes de avanzar con la etapa judicial correspondiente al análisis del pedido de extradición.
Una vez realizada la audiencia postergada, el juzgado deberá evaluar si se cumplen los requisitos legales para continuar con el proceso, luego de lo cual el caso podría pasar a la Corte Suprema para la resolución final.
Con la suspensión temporal, el proceso mantiene en pausa un capítulo clave de una investigación que abarca delitos transnacionales y que posiciona nuevamente a Paraguay en el centro de las colaboraciones judiciales con Brasil.
