El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, devolvió la crítica al titular de la Senad, Jalil Rachid, quien dijo que la fiscal adjunta impidió continuar un operativo contra narcos de Comando Vermelho.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, salió en defensa de su adjunta en materia de narcotráfico, Matilde Moreno, que fue criticada por el titular de la Senad, Jalil Rachid, por haber impedido la continuidad de un operativo contra narcos del Comando Vermelho.
Rachid criticó a la fiscal adjunta Matilde Moreno por no gestionar de inmediato una orden de allanamiento. El titular del Ministerio Público, Rolón Fernández dijo que la petición presentada por la Senad “no estaba en forma”, carecía de los detalles indispensables y no reunía las condiciones necesarias para ser elevada al Juzgado Penal de Garantías.
Rolón recordó que la Fiscalía no ordena allanamientos, sino que viabiliza la solicitud ante el juez competente, quien es la autoridad encargada de autorizar la medida.
Aclaró que en casos de flagrancia la Policía Nacional puede intervenir sin necesidad de orden judicial; sin embargo, según la información proporcionada, este caso no encuadraba en ese supuesto. Por tal motivo, la representante del Ministerio Público solicitó precisiones antes de presentar el requerimiento al Poder Judicial, conforme lo exige la legislación procesal, indicó.
Rolón reiteró que todo pedido de allanamiento debe contener las circunstancias del hecho, la descripción del lugar a intervenir, los elementos buscados, las diligencias previstas y los fundamentos jurídicos que justifican la medida.
“No se puede violar un domicilio por cualquier eventualidad; existen condicionantes legales muy claras”, enfatizó, subrayando que estos requisitos responden al mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales.
Recordó que el sistema constitucional vigente establece una fragmentación del poder que delimita las competencias de cada institución. Explicó que, a diferencia de épocas anteriores, el allanamiento ya no responde al “derecho de la autoridad”, sino que constituye una medida excepcional que permite ingresar a un domicilio constitucionalmente inviolable, por lo que exige requisitos legales estrictos.
El operativo contra los narcos se realizó ayer, primero en un local de la empresa VGC SA, en el barrio Cuatro Mojones de Lambaré, donde los antidrogas apresaron al presunto líder de la organización, Víctor Manuel Greco Céspedes, junto a tres colaboradores. Aquí se encontraron municiones de alto calibre, entre ellas proyectiles .50 para fusiles antiaéreos; 27 kilos de marihuana en cera dentro de una conservadora, piezas de fusiles y una máquina industrial capaz de ensamblar armas largas.
Hubo otro allanamiento en Luque, para el cual la Senad solicitó a la Fiscalía el trámite para obtener la orden de allanamiento para ingresar a la vivienda. La respuesta de la fiscala adjunta de Narcotráfico, Matilde Moreno, fue negativa. La funcionaria alegó que el pedido no estaba debidamente fundamentado; lo que el fiscal general ratificó.
Rolón destacó la importancia de fortalecer la coordinación, la armonía y el control recíproco entre las instituciones operativas y el Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución Nacional. Señaló que está dispuesto a dialogar con el ministro de la Senad para evitar futuras descoordinaciones y asegurar el adecuado funcionamiento de los mecanismos interinstitucionales.
“Somos el nexo entre la pretensión jurídica de las instituciones operativas y el Poder Judicial. Nuestro interés es que la gestión funcione con respeto a la legalidad”, afirmó. Finalmente, dijo que estos episodios deben servir para profundizar el debate sobre el correcto uso de las herramientas procesales y la necesidad de consolidar prácticas acordes con el Estado social de derecho vigente desde la Constitución de 1992.