En la últimas horas de la tarde de ayer, el juez Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral el público el caso de exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. El expediente sobre el caso se conoce como “Tía Chela”, por el nombre de la empresa que proveyó la mercadería a la municipalidad y que supuestamente causó un perjuicio de G. 2.130.036.160 a las arcas comunales.
Ayer comenzó la audiencia preliminar en la que se discutió la imputación de la Fiscalía contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza y asociación criminal. El Ministerio Público pidió al juez que eleve el caso directamente a juicio oral, y el juez resolvió hacerlo en las últimas horas de la tarde de ayer. El caso está bajo la dirección de Humberto Otazú, juez penal de Delitos Económicos.
En esta imputación se discute el presunto negociado en la compra de alimentos, que supuestamente causó un perjuicio de G. 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
El expediente es conocido como caso “Tía Chela”, nombre de la empresa proveedora de la Municipalidad de Ciudad del Este. La adquisición se concretó en abril del 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción de esta firma.
La Fiscalía no solamente acusó en este caso a Prieto, sino también a otras 10 personas por lesión de confianza y asociación criminal. Según la imputación, las compras se hicieron de manera fraudulenta, hubo sobreprecios y nada de control.
El fiscal Silvio Corbeta informó que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para que la causa se discuta directamente en juicio oral; mientras la defensa de Prieto ataca de inconsistencia la imputación y pide su nulidad.
El fiscal también señaló que aparte de compras fraudulentas, no se justificaron las compras de alimentos en plena pandemia cuando la necesidad urgente era insumos médicos y materiales hospitalarios, por la situación que se vivía. Según el fiscal, se aplicó la compra por la vía de excepción que se justifica solamente cuando hay emergencia. Calificó el hecho como injustificable.
“No se podría determinar bajo este análisis, si efectivamente estas causales para iniciar un proceso de contratación de compra de kits a ser distribuidos a familias de escasos recursos, revestían efectivamente la característica de urgencia impostergable”.
Según el fiscal, el municipio para la adquisición de los kits debía aplicar el procedimiento de la licitación pública y no un procedimiento por vía de la excepción. Indicó que el perjuicio económico ya mencionado fue a través de los pagos dispuestos el 7 de abril y el 9 de julio del 2020, en forma indebida por vía de excepción.
El fiscal pidió no solamente juicio oral a Prieto sino también a otros 10 funcionarios que colaboraron en la supuesta lesión de confianza, sobre quienes el juez Otazú resolverá en la fecha sobre si van a juicio oral y público.
Aparte de Prieto, están imputados José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones y Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social.
También están imputados Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.