Imputan a jueza por presunto soborno de US$ 50.000 vinculado al caso Galindo

La jueza de Lambaré, Isabel Bracho, fue imputada por presunto cohecho y otros delitos tras ser desaforada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La magistrada está acusada de haber beneficiado al sindicado narcotraficante Walter Galindo y deberá comparecer el 5 de diciembre para la audiencia de medidas.

La jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, quedó oficialmente procesada luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aprobara su desafuero en el marco de una causa por supuesto cohecho y otros hechos punibles. La investigación la vincula con presuntos favores judiciales otorgados al imputado por narcotráfico Walter José Galindo Domínguez.

La imputación fue presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien también acusó a la exfiscala Egidia Gómez y a la actuaria Ruth Karina Ferreira por hechos similares. Tras la notificación del desafuero, el juez Humberto Otazú admitió el requerimiento fiscal y abrió el proceso penal contra Bracho.

El magistrado fijó para el viernes 5 de diciembre, a las 8:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se evaluarán las alternativas a la prisión solicitadas por el Ministerio Público para la jueza.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia resolvió la semana pasada abrir un sumario administrativo a Bracho y dispuso su suspensión con goce de salario básico, tomando como base la imputación por supuestos vínculos con el procesado Walter Galindo.

La acusación presentada por el fiscal Coronel señala que Bracho, Ferreira y Gómez habrían participado en maniobras destinadas a beneficiar al mencionado imputado en el marco del caso Mercat, mediante resoluciones judiciales presuntamente motivadas por el pago de sumas de dinero.

Según el acta fiscal, la jueza habría recibido alrededor de US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva de Galindo y sustituirla por arresto domiciliario, además de facilitar otras decisiones que permitieron al acusado sortear las investigaciones por narcotráfico.

Las diligencias del Ministerio Público también apuntan a que tanto la magistrada como la exfiscala fueron parte de un esquema más amplio que, mediante pagos en dólares, habría permitido a Galindo desligarse progresivamente del proceso penal.

La actuaria judicial Ruth Ferreira y la exfiscala Egidia Gómez están convocadas para el próximo 28 de noviembre, en horarios consecutivos, para la audiencia donde se resolverán las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

Este caso vuelve a poner en debate la situación de control interno dentro del sistema judicial, considerando que la magistrada fue confirmada en su cargo por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2024, pese a que ya existía una investigación penal preliminar en su contra.

En aquella ocasión, el ministro Eugenio Jiménez Rolón defendió la continuidad de Bracho, destacando que el sobreseimiento otorgado a Galindo —una de las causas que ahora figura como elemento sospechoso— había contado con la anuencia del Ministerio Público.

Jiménez señaló entonces que las publicaciones periodísticas y cuestionamientos no podían ser determinantes para frenar la carrera de la magistrada, resaltando sus 22 años de servicio y afirmando que los hechos mencionados representaban “una sola mancha” dentro de su trayectoria.

Sin embargo, tras las revelaciones del nuevo expediente y el presunto pago de sobornos que involucraría a múltiples funcionarios judiciales, el caso adquirió mayor gravedad, quedando ahora bajo análisis del JEM y del sistema penal, mientras la magistrada enfrenta cargos formales y un proceso judicial en curso.