Juicio en la Capital: Perjuicio de G. 1.199 millones
En el Juzgado de la Capital, el Ministerio Público presentó en su acta de imputación el trabajo de cruce de documentación. Informó que se corroboró que durante la administración de Fernández hubo un perjuicio de G. 1.199.305.432 contra la municipalidad local. La investigación del Ministerio Público se realizó sobre la ejecución de obras realizadas entre los años 2015 y 2020.
Las irregularidades se habrían producido en la ejecución de obras, cuyos contratos se firmaron en el año 2019. La intendenta se encuentra detenida en la Comisaría de Mujeres, del barrio Trinidad de Asunción.
Juicio en Cordillera: Perjuicio y obras falsas con Fonacide
En el juicio para el departamento de Cordillera, la Fiscalía informó que Fernández fue imputada por supuesta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Supuestamente, el perjuicio que ocasionó a la Municipalidad local fue de G. 300 millones.
Según la imputación, Fernández usó dinero del Fonacide para obras de construcción que presuntamente nunca se realizaron. Sin embargo, en los registros municipales figura que se pagó y para justificar los pagos, la imputada ordenó el uso de documentos con contenido falso.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que para la definición de juicios de municipios del interior el perjuicio patrimonial debe ser igual o mayor que 5.500 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas.
La imputación de la Fiscalía para el juicio en el interior señala que en un caso, se observó el contrato N° 01/2021 de fecha 11 de febrero de 2022, un acuerdo con la firma La Constructora O.R., representada por Óscar Rodas. Menciona que el contrato indicaba que la obra de empedrado estaba incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID N° 405.685, correspondiente a la ubicación “Compañía Juan Cancio Flecha, acceso a la Escuela Básica N° 2246 Santa Catalina”.
Esta obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013, según la imputación del Ministerio Público. La Fiscalía señala que eso demuestra que la empresa constructora habría cooperado con la intendenta para generar un perjuicio patrimonial de G. 174.931.000 y falsificar información remitida a las instituciones de control. Este fue solo un punto de la investigación.