Imputan a dos hombres por tala y quema de 40 hectáreas de árboles

El panorama desértico que dejó el desmonte.

| Por La Tribuna
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La fiscala especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía Zonal de Santa Rita, Alto Paraná, Rocío Celeste González, formuló la imputación contra dos hermanos, uno paraguayo de 29 años y otro brasileño de 37 años, ante la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre hechos punibles de transgresión a la Ley 716/96, referentes a tala de árboles y quema en una zona boscosa del distrito de Santa Rita. La agente del Ministerio Público indicó que se reservan las identidades de los procesados, ya que aún se encuentran prófugos.

Según datos del Ministerio Público, la investigación se inició el 8 de octubre del 2025, cuando el Ministerio Público tomó conocimiento sobre los presuntos delitos ambientales. En el marco de la pesquisa, la Fiscalía requirió al Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Bernardo Silva, la autorización de allanamiento para verificar la veracidad de la información, identificar el inmueble y determinar a los responsables.

El primer procedimiento se llevó a cabo el 27 de octubre del 2025, acompañado por equipos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona), del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (Deboa) y de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales (DEDA) de la Fiscalía General del Estado.

Durante la inspección, se constató la utilización de maquinarias pesadas para la limpieza de la formación vegetal, el destronque de especies nativas y cortes realizados con motosierras. A raíz de las irregularidades detectadas, el Ministerio Público dispuso la suspensión de las actividades y la prohibición de ingreso al inmueble, a fin de evitar la continuidad del desmonte y la extracción de las especies.

Sin embargo, el 14 de noviembre del 2025, a raíz de nuevas informaciones sobre la continuidad del desmonte y la quema de restos vegetales, la agente fiscal solicitó un segundo mandamiento de allanamiento, el cual fue otorgado por el Juzgado Penal de Garantías. Luego, una comitiva fiscal-policial corroboró la quema de árboles nativos, el corte de troncos en tablones y la apertura de un nuevo sector desmontado de unas 5 hectáreas. Al percatarse de la intervención, los trabajadores abandonaron las maquinarias y campamentos, internándose en la zona boscosa.

La Fiscalía sostiene que conforme al sistema de catastro nacional y a las verificaciones realizadas por la Policía Nacional, el inmueble pertenece a los dos ciudadanos ahora imputados. De las actuaciones incorporadas, esta representación cuenta con suficientes elementos de sospecha sobre su participación en la tala y quema de aproximadamente 40 hectáreas.

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