Los abogados Rodrigo Yódice y Andrés Álvarez, representantes de la jueza suspendida y procesada del distrito de La Encarnación, Analía Cibils, recusaron al magistrado Rodrigo Estigarribia que intentó realizar la audiencia en uno de los casos referidos a la mafia de los pagarés.
Los abogados fundamentaron que no hay imparcialidad e independencia y que se violaron las garantías procesales y constitucionales. El juzgado rechazó el pedido que ellos presentaron de obtener copias del expediente para interiorizarse del contenido, informaron.
El abogado Yódice explicó que el juez Estigarribia intentó dividir la audiencia y que, sin embargo, la audiencia preliminar es una sola, según la ley. Dijo que por eso pidió al juez que se aparte del caso. Un tribunal de apelación resolverá si confirma al juez en el caso o el expediente debe pasar a otro juzgado.
En el juicio, la actuaria del juzgado de Paz de La Encarnación, Martina Rivela, una de las acusadas, no compareció y presentó reposo médico. Aunque su certificado no tenía el visado del Ministerio de Salud, el juez suspendió la audiencia para ella.
El fiscal Leonardi Guerrero rechazó la recusación planteada. Dijo que no hay ninguna razón para ello y que la audiencia se podía llevar perfectamente porque no habían incidentes pendientes de resolución.
“La recusación se hizo exclusivamente para suspender o posponer la audiencia. No hay otro motivo. No existe recurso previo de la sustanciación de una audiencia preliminar, teniendo en cuenta la providencia que señaló la realización de esta audiencia y lo que entendemos es que la recusación es solamente dilatoria”, dijo el fiscal.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce son los acusadores en el caso de la mafia de los pagarés. Ellos sostienen que no solo hay responsabilidad de los jueces, sino también de los funcionarios que hacían notificaciones y luego resoluciones irregulares para ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.
En contrapartida, la defensa de la jueza Cibils cuestiona la solidez de la acusación del Ministerio Público. El relato fiscal carece de precisión jurídica, porque no identifica de manera clara a los presuntos beneficiarios o afectados por sus decisiones, dijo el abogado Yódice.
La jueza suspendida, Analía Cíbils, está acusada por prevaricato y producción de documentos no auténticos.