La Conmebol cerró en el 2017 una auditoría forense concebida para ordenar evidencia y cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese trabajo dio pie a la primera denuncia penal en Paraguay y fijó una metodología de cadena de custodia, validación documental y cronología de hechos.
A partir de esa base, y ya durante la investigación fiscal, la confederación accedió a información que no estaba disponible al momento del informe: operaciones realizadas en el 2013 vinculadas con el banco Atlas. Con ese nuevo material, la denuncia fue ampliada en febrero del 2021 para incorporar esos hechos, según explicó el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera.
¿Qué miró la auditoría? El período 2000-2010, con foco en la administración de Nicolás Leoz. Los peritos siguieron flujos, contratos y órdenes de pago y hallaron dos modalidades que, según la hipótesis del Ministerio Público, lesionaron el patrimonio de la Conmebol: transferencias desde cuentas institucionales a una cuenta personal y retiros en efectivo que luego habrían sido depositados en otra entidad. Con ese cuadro, la Fiscalía estimó un perjuicio superior a USD 44 millones. La cooperación con el DOJ estandarizó entregas, verificación de fuentes y pedidos de asistencia, fortaleciendo la cadena probatoria.
El enlace con Atlas aparece años después. De acuerdo con la imputación fiscal citada por Lovera, en el 2013 Nicolás Leoz habría depositado en efectivo unos USD 5,1 millones en la entidad, en sucesivas operaciones durante tres meses.
El abogado subraya lo ilógico de extraer efectivo de un banco para volver a depositarlo en otro en efectivo: un comportamiento que, en manuales de prevención, activa alertas reforzadas. La sospecha central es que el efectivo provenía de hechos punibles cometidos contra el patrimonio de la confederación, cuestión hoy bajo análisis penal.
Según la causa, ese dinero fue convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA) y, ya en el 2016, colocado en fideicomisos. El 50% de los fondos terminó sujeto a comisos; el resto permaneció bajo instrumentos financieros por más de un año, con renovaciones e instrucciones sobre intereses. La imputación sostiene, además, que en el 2013 Atlas no ejecutó la debida diligencia exigible para depósitos en efectivo de ese volumen, y que recién en el 2015 “completó” la carpeta del cliente incorporando documentos con fechas del 2013.
Otro punto controvertido es el LOA (límite operativo autorizado). La Superintendencia habría recibido de Atlas un LOA fechado en abril del 2013, utilizado luego para justificar montos al proyectarlo por meses y años. Sin embargo —siempre según la imputación—, ese LOA se habría elaborado en el 2015 y antedatado; en el 2024 la entidad habría reconocido esa irregularidad.
También se cita que en el 2018 se informó a la Fiscalía un perfil operacional que no cuadraba con los movimientos en dólares. A esto se agrega un detalle temporal relevante: la conferencia del DOJ de mayo del 2015 y la impresión, al día siguiente, de las declaraciones impositivas del 2013 de Leoz, que habrían sido insertadas luego en su legajo bancario.
En paralelo, la línea de tiempo procesal muestra actuaciones que, según la Conmebol, interrumpen la prescripción: allanamientos al banco Atlas y a la Superintendencia en el 2021, además de pedidos de cooperación internacional cursados posteriormente. La tesis de la parte denunciante es que el caso no está prescripto y que el cómputo debe considerar la secuencia de creación, modificación y traslado de instrumentos hasta el 2019, cuando, tras el fallecimiento de Leoz, se habrían transferido CDA a terceros.
¿Por qué esta “vinculación” importa para el primer capítulo? Porque explica cómo un informe forense del 2017, centrado en el 2000-2010 y compartido con el DOJ, se convirtió en plataforma para seguir el rastro del dinero hasta el 2013 y conectar con presuntas fallas de debida diligencia y estructuras financieras en Atlas. Sin el puente probatorio —estándares, custodia, cronología— la ampliación del 2021 habría sido frágil; con él, la narrativa administrativa y penal se alineó y ganó coherencia.
Las entidades aludidas han ofrecido versiones públicas en sentido contrario y sostienen que cumplieron la normativa. La investigación sigue su curso y rige la presunción de inocencia. Este artículo se basa en la entrevista a Claudio Lovera y en pasajes del acta de imputación. Más allá del desenlace, la lección de gobernanza es nítida: auditar a tiempo, documentar bien y exigir debida diligencia bancaria es la única forma de que los puentes entre auditoría y justicia no se corten en el medio del río.
Desde esta redacción quisimos comunicarnos con uno de los afectados, Miguel Ángel Saldívar, presidente del banco Atlas, pero no contestó a las llamadas telefónicas.