El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se presentó ayer ante el juez Humberto Otazú, pero la audiencia preliminar quedó suspendida luego de que uno de los procesados con él presentara una recusación. La medida impidió que se definiera si Prieto y otros imputados serán enviados a juicio oral.
Prieto, investigado por supuesta lesión de confianza, esquivó nuevamente la audiencia. La recusación será analizada por un tribunal de apelación, que decidirá si confirma o separa al juez Otazú de la causa. Este procedimiento no es novedoso, ya que Prieto y su grupo han presentado incidentes similares en el pasado.
Conflictos en la audiencia
El juez Otazú informó que enviará un informe al Consejo de la Superintendencia de Justicia, no solo por la recusación presentada por un miembro del equipo de Prieto en la Municipalidad, sino también por el comportamiento del abogado del exintendente.
El abogado Roberto Carlos Benítez, defensor de Prieto, acusó al juez de parcialidad durante la audiencia. Otazú le indicó que debía presentar su escrito correctamente, pero ante la acusación verbal, el magistrado dispuso un arresto disciplinario temporal contra el letrado.
Recusación y excepciones
La recusación que motivó la suspensión fue presentada por Cirle Elizabeth Alcaraz, otra acusada con Prieto, a través de su abogado Bruno Aguayo. Este abogado también presentó un escrito acusando al juez de parcialidad y solicitó una excepción de incompetencia material, la cual fue declarada inadmisible.
El tribunal de apelación deberá estudiar tanto la recusación como la excepción planteada, lo que mantiene paralizada la audiencia preliminar hasta un próximo aviso. El juez Otazú convocó a la defensora y su abogado a una audiencia disciplinaria para el 14 de octubre a las 11:15.
Acusación fiscal contra Prieto
La Fiscalía imputó a Miguel Prieto por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, junto con el exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad y otros nueve funcionarios. La acusación se centra en el supuesto pago de 306.188.500 guaraníes a la empresa Tajy, señalada como proveedora de mercaderías inexistentes durante la gestión de Prieto.
Prieto, en tanto, se mostró confiado en su inocencia y anunció que ganará el juicio. “Escuché la acusación de la Fiscalía que dice que yo falsifiqué documentos. Jamás falsifiqué nada. Tengo todos los documentos en orden y me presentaré ante el juez cada vez que me convoque”, afirmó el exintendente.
Contexto del caso
El Ministerio Público presentó la acusación el 11 de junio de 2020, relacionada con la administración municipal durante la gestión de Prieto, destituido el 19 de agosto por la Cámara de Diputados. La Fiscalía sostiene que la lesión de confianza y la administración en beneficio propio se materializaron en la compra de alimentos durante la pandemia, con la empresa Tajy como proveedora fantasma.
Constantes recusaciones y advertencias
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez solicitaron que el juez Otazú eleve la causa a juicio oral, pero las constantes recusaciones de los procesados han impedido avanzar en el proceso. El magistrado advirtió a Prieto y su grupo que no presenten incidentes que obstaculicen el juicio, bajo apercibimiento de sanciones, y anunció que remitirá los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
