El hecho ocurrió en la localidad de Costa Fleitas, municipio de Areguá, donde los ahora condenados ingresaron y lograron construir varias viviendas precarias.
Condenados y sentencia
En el juicio, Shirley Maciel Rolandi y Diego Alberto Florentín Ledezma, alias Patolé, fueron condenados a 4 años de prisión, mientras que Cecilio Álvarez Giménez obtuvo 2 años de pena privativa de libertad. Este último fue beneficiado por la suspensión de la ejecución de la condena a cambio de medidas sustitutivas a la prisión.
La condena impuesta fue por “invasión de inmueble ajeno y perturbación de la paz pública”. El hecho ya había comenzado el 4 de agosto del 2021.
Luego de la denuncia por parte del propietario, Losnardi Raúl Colmán Fernández, la Fiscalía abrió formalmente la Causa N° 8631, en el 2022.
El proceso investigativo
El proceso investigativo continuó hasta la recolección total de las pruebas, que incluyó el informe de la Policía, los datos de la propiedad invadida y las declaraciones de testigos. La Fiscalía informó que la invasión del inmueble siguió hasta enero del 2022.
Según los datos del caso, los invasores lograron construir 150 viviendas precarias y las familias debían pagar una cuota a los “dirigentes sin techo” para tener derecho a la posesión.
Esta información fue confirmada por el mismo propietario, Colmán Fernández, quien explicó que la forma en que los dirigentes organizan a las familias se parece a las que se aplican en diferentes asentamientos.
División de lotes y estafa
Los dirigentes cobran una tarifa a cada familia en forma mensual. “Es una mafia que engaña a los pobres, con la promesa de que van a tener un lugar donde vivir”.
La finca ocupada tiene una superficie de siete hectáreas. Colmán Fernández comentó que los dirigentes dividieron la propiedad en pequeños lotes y cobraron, dependiendo de la ubicación de cada lote, entre G. 300.000 hasta G. 1.000.000 a cada familia.
Aparte, las familias tenían que pagar 15.000 guaraníes por mantenimiento. Lo peor es que los dirigentes mentían y decían que existía acuerdo con el dueño. Definitivamente era una estafa bajo el nombre de asentamiento, comentó el propietario del inmueble.
Reaparición de invasores
Colmán recordó que cuando Sandra Quiñónez era fiscala general se hizo un desalojo. Sin embargo, los invasores regresaron y ocuparon nuevamente el predio. La Fiscalía le aplicó prisión domiciliaria a Shirley Maciel Rolandi y Diego Alberto Florentín Ledezma.
Por un lado, el propietario del inmueble dijo que la condena es una lección para los invasores de propiedades ajenas.
Por otro lado, dijo que él no está tan tranquilo porque los cabecillas van a pedir ayuda política. Hasta pidieron la expropiación del terreno en el Senado, manifestó.