El ex funcionario fue condenado en el 2024 por extorsión y cohecho pasivo y aún así siguió planteando incidentes para evitar su cumplimiento, según el magistrado. En consecuencia, lo declaró como “litigante de mala fe”, porque su caso ya fue juzgado.
El juez explicó que el condenado asume esta conducta desde la recepción de su causa por parte del juzgado de ejecución, a través de constantes e insistentes presentaciones realizadas con el único objeto de obstruir la ejecución de la pena.
El magistrado recordó que en una providencia del 4 de julio del 2025 ya advirtió al condenado sobre un posible apercibimiento, si lo declaraba litigante de mala fe. La declaración de litigante de mala fe se produjo ayer.
Por lo tanto, Gómez de la Fuente que ejerce su propia defensa, fue apercibido y al mismo tiempo el juez ordenó su captura a nivel nacional.
El juez señaló que el prófugo y condenado presentó una excepción de incompetencia contra el Tribunal de Apelación Penal primera sala, designado para entender en el recurso de apelación general contra el auto interlocutorio (A.I.) N° 85 de fecha 1 de julio del 2025, dictado por el juzgado en su contra.
Para el juez esto es inconcebible. La pretensión de Gómez de la Fuente fue rechazada porque primero apeló una resolución del juzgado y, segundo, cuestionó la competencia del tribunal para evitar que se trate lo que él apeló.
En consecuencia, el juez dijo que “a todas luces, el condenado hace sus presentaciones con el único objetivo de seguir obstaculizando la ejecución de su pena privativa de libertad”.
Antecedentes del caso
Los antecedentes del caso señalan que en el 2019 ocurrió el hecho por el cual un juzgado condenó a Gómez de la Fuente, y también al exdirector del Indert Carlos María Soler. Este último fue condenado a 4 años de prisión.
Otra parte de los antecedentes es que los dos condenados pidieron 125.000 dólares a un empresario de nombre Albino Méndez, a cambio de modificar una resolución de adjudicación de un inmueble que tenía 3.900 hectáreas en el Chaco, según un informe judicial de la época.
El objetivo fue que el Indert haga la titulación del inmueble con la dimensión señalada, junto con otro inmueble. Se probó en juicio que esto no tenía ninguna lógica ni legalidad.