Los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero informaron en una conferencia de prensa que el Ministerio Público presenta acusación contra dos jueces actuales, dos exjueces, varios actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas en el caso conocido como “mafia de los pagarés”.
La conferencia se realizó ayer a temprana hora en la sede del Ministerio Público. Los fiscales especificaron que las acusaciones van contra los integrantes de cuatro juzgados de Paz en la capital: Catedral, San Roque, La Encarnación y La Recoleta.
Jueces acusados por prevaricato y documentos falsos
Los jueces Carmen Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación, y Nathalia Guadalupe Garcete, del Juzgado de Paz de La Catedral, 2º Turno, fueron acusados por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores.
También fueron acusados por los mismos delitos los exjueces Liliana González de Bristot, del Juzgado de Paz de San Roque, y Víctor Nilo Rodríguez, del Juzgado de Paz de La Recoleta.
Funcionarios judiciales implicados
Los fiscales acusaron también a los actuarios judiciales por ser autores en el uso y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y cómplices de prevaricato.
Acusaron a los ujieres notificadores por ser autores de producción inmediata de documentos falsos y cómplices de prevaricato. Por último, a los oficiales de justicia, por ser autores de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Notificaciones falsas y procesos irregulares
Un denominador común encontrado por los investigadores es que los demandados no eran notificados conforme al procedimiento legal. La notificación figuraba en el expediente, pero en realidad nunca llegaba al domicilio real de los afectados. Prueba de ello era que los ujieres hacían varias notificaciones en un mismo día u horario, incluso en lugares distantes.
Los fiscales señalaron que también hallaron que los oficiales de justicia asentaban diligencias de mandamientos de pago que nunca se realizaron.
Abogados y empresas de cobranzas involucrados
En el caso de los abogados de empresas de cobranzas o prestadores de créditos, iniciaban juicios con notificaciones falsas. Los procesos terminaban con resoluciones a favor de las empresas, mientras los afectados recién tomaban conocimiento cuando los embargos entraban en ejecución.
Un caso llamativo revelado por los fiscales fue que ujieres cobraban menos de lo fijado por la Corte Suprema de Justicia, lo que les permitía hacer notificaciones masivas. Sin embargo, la investigación determinó que esas notificaciones eran imposibles de realizar en la práctica.
Extensión del esquema
Por ejemplo, en una misma fecha los ujieres consignaron visitas en Mayor Otaño, Santa Rosa del Aguaray, Villa Elisa, Capiatá, San Lorenzo, Coronel Oviedo, Encarnación, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Coronel Bogado, Paraguarí, Ybycuí, Limpio, Areguá y Asunción.
Según los fiscales, jueces y actuarios tenían pleno conocimiento de esta situación.