Los allanamientos en varias escribanías, dentro del marco de las investigaciones de transferencias de propiedades del fallecido diputado, Eulalio "Lalo" Gómes, motivó a la directora general de Registros Públicos, Lourdes González, a aclarar que esta institución ya denunció a la Justicia muchas situaciones similares sospechosas.
En los trámites registrales de propiedades, la institución denunció más de 3.000 casos donde estarían involucrados agentes notariales y personas particulares. Desgraciadamente, muy pocos casos son los que se mueven a nivel judicial, indicó la directora.
La Fiscalía y la Policía allanaron escribanías en tres departamentos: Central, Itapúa y San Pedro. Buscó saber si los bienes del fallecido diputado, Eulalio "Lalo" Gómes, se transfirió a otros, pese a impedimento judicial.
Caso en proceso
Un caso irregular detectado fue la transferencia de un inmueble a Oscar Tuma, en concepto de honorarios profesionales. Se abrió una causa al respecto y Tuma se vio obligado a renunciar a la representación legal de la familia.
Si bien Tuma dijo que renunció porque los hijos de Lalo Gómes no tienen dinero para pagar sus honorarios, la justicia investiga si hubo intención de falsificar documentos en esta transferencia.
No es que no se detecta una transferencia irregular. Se detecta y se actúa. La Dirección de Registros Público no tolerará a funcionario o funcionaria que esté involucrado en este tipo de hechos, dijo la directora de la citada institución.
Falta sanción
Desde el año 2.000 hasta ahora, la Dirección de Registros Públicos presentó más de 3.000 denuncias, pero mínimamente son los que tienen sanción, señaló la doctora, Lourdes González.
La Corte Suprema de Justicia toma decisiones cuando le llegan los casos, como casar la matrícula a los notarios o resolver la destitución de funcionarios. Sin embargo, insistió que pocos son los procesos judiciales que empiezan, pasan por el juzgamiento de los casos, y que terminan en una sentencia judicial.
Explicó que la propia Dirección General de Registros Públicos sacó del ejercicio notarial a escribanos que estuvieron involucrados en transferencias ilegales o irregulares; porque empañan la imagen de la institución y dejan mal parados a sus colegas.
Estaba prohibido
A fines de julio pasado, la Fiscalía imputó a la funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez, por presuntamente alterar datos de esta institución.
Aquí está involucrado el abogado Oscar Tuma, que fue defensor legal de la familia del diputado fallecido, Eulalio "Lalo" Gómes, según la investigación de la Fiscalía.
Alexandre Rodríguez Gómez, hijo de Lalo Gómes, está imputado también. Supuestamente transfirió a Tuma una propiedad de su padre, que tenía prohibición judicial.