La abogada Alejandra Peralta advirtió sobre el uso indebido del derecho penal y la tendencia a endurecer penas sin que ello tenga impacto real en la prevención del delito. Recordó que el derecho penal debe ser “la última ratio”, es decir, aplicarse solo cuando no exista otra vía para resolver un conflicto.
Peralta explicó que el Código Penal protege bienes jurídicos esenciales —vida, libertad, integridad física, propiedad y autonomía sexual— y prevé causas de justificación como la legítima defensa, que exime de responsabilidad penal cuando se cumplen tres condiciones: que exista un hecho antijurídico, que sea presente y que el medio usado para repelerlo sea proporcional.
Criticó casos en que se imponen penas de prisión por delitos de escasa entidad económica o por delitos famélicos, como hurtos por hambre. “No podemos aplicar la mano más dura del Estado a hechos que no ameritan, existen otras vías de compensación”, señaló.
La abogada subrayó que el endurecimiento de penas no ha reducido delitos graves. Ejemplificó con el feminicidio, que pese a tener la pena máxima de 30 años desde 2016, mantiene cifras constantes o en aumento, y con el abuso sexual infantil, que sigue en niveles alarmantes pese a las condenas de hasta 20 años.
El foco debe estar en prevención, salud pública y sanciones ejemplares en casos de corrupción, especialmente cuando el desvío de fondos públicos priva a la población de servicios esenciales y contribuye a la pobreza estructural. “Cuando el discurso político se centra en la venganza y no en atacar las causas del delito, retrocedemos siglos, volviendo a la lógica de la vendetta”, advirtió.