Si algún aspecto positivo puede tener el debate sobre el Plan de Transformación Educativa, es que después de mucho, se pone nuevamente a la educación en el país en el foco de la atención.
Y es que los datos sobre la educación en Paraguay son alarmantes. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), Paraguay ocupa el antepenúltimo lugar en Matemáticas (está en el puesto 73 de 75 países); en Ciencias, el país se encuentra en el lugar 70, mientras que en Lectura Comprensiva, está en el puesto 64. Según la evaluación 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no comprenden lo que lee.
A esto hay que sumar que 6 de cada 10 niños no terminan el ciclo de la educación primaria, según datos de la Unicef.
Solamente a la luz de estos datos, se percibe que es urgente cambiar el estado de cosas en la educación paraguaya.
Otra tema controversial, que saltó al debate con la aprobación en Diputados del proyecto de Ley que rechaza la donación de la Unión Europea para la educación, se refiere a la merienda escolar, que desde su implementación, más bien se ha convertido en “la merienda de los políticos corruptos”.
El Estado Paraguayo destina anualmente unos 150 millones de dólares para el complemento nutricional en las escuelas y por más que la merienda y el almuerzo escolar constituyen un incentivo para que los alumnos acudan a clases, el desarrollo del programa ha sido ineficiente e insuficiente, debido a la ineptitud y, en la mayoría de los casos, la corrupción de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de ejecutar los planes.
En el 2012 se creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y con esto se resolvió destinar 25 por ciento de las compensaciones que Paraguay recibe por la cesión de energía de Itaipu al Brasil, a municipios y gobernaciones, para que estos, utilicen esos recursos para la merienda escolar y la mejora de infraestructura.
Los resultados fueron lamentables. Rosarios de denuncias de corrupción, sobrefacturación de productos, empresas creadas por familiares o el entorno de algún político solamente para encargarse de la merienda, productos de mala calidad y baja cobertura fueron las constantes en el desempeño de intendentes y gobernadores en el manejo de la merienda.
Ni hablemos de las “obras de infraestructura”, con construcciones precarias y obras inconclusas desarrolladas por autoridades corruptas, que luego se postularon a otros cargos y se aseguraron la impunidad.
La sociedad asistió espantada a las publicaciones sobre techos de escuelas que se caen sobre los alumnos, y aulas precarias llenas de goteras en los días de lluvias.
Derivar la atención a la educación a intendentes que no son capaces de solucionar siquiera el problema de la recolección de basura en sus pueblos, ni arreglar una calle con bache, es un acto de irresponsabilidad tremenda. A todas luces, quienes tomaron esta decisión, tenían más bien la intención de repartir beneficios a sus correligionarios, antes que atender las necesidades de los niños de las zonas más pobres de nuestro país.
Los responsables de toda esta lamentable situación siguen ocupando puestos claves en la administración del país. El Ministerio de Educación siempre ha sido la catapulta política para ocupar mejores cargos. Un ex ministro de Educación llegó a ser presidente de la República, otra fue candidata a presidente, y ahora es senadora, otro ex ministro sigue en el Senado y uno ahora es candidato a vicepresidente.
Todos los que pasaron por la cartera de Estado se preocuparon más por cimentar proyectos políticos antes que hacer efectivo el cumplimiento de los planes educativos y observar que los recursos efectivamente lleguen a destino.
En el momento electoral que vive el país contamina toda la discusión, llegando a veces a niveles absurdos. No obstante, si algo hay positivo hay que sacar de todo esto es volver a poner el foco de la atención sobre la educación y sobre el futuro de nuestros niños.
Que el interés que se está demostrando sobre el Plan de Transformación Educativa, tanto de quienes están a favor como de aquellos que se declaran en contra, se traduzca también en la exigencia de menos corrupción, castigo a los responsables y que se deje de utilizar el Ministerio de Educación como una pieza del ajedrez político.
