Está anunciada para el lunes 20 de mayo la posible paralización del transporte público convocada por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam). Las autoridades manejan varias alternativas para garantizar la movilidad ese día, mientras sigue abierta una mesa de diálogo buscando llegar a un acuerdo. Más allá de que el gobierno logre destrabar la medida, después de esta experiencia se debe adoptar una decisión firme y definitiva para abordar de una vez por todas los problemas estructurales del transporte público en el país y sobre todo en el Area Metropolitana.
El presidente Santiago Peña anunció que cuenta con un plan de reforma integral del sistema de transporte público. A lo largo de la era democrática hemos visto una larga lista de proyectos para mejorar el sistema, pero todas las administraciones terminaron cediendo a las presiones de los empresarios del transporte, ignorando los padecimientos diarios de miles de usuarios. Este patrón de complicidad ha contribuido a perpetuar un servicio deficiente y precario que cada día castiga a los ciudadanos que más lo necesitan: vendedoras de mercado, estudiantes, trabajadores y todas aquellas personas que mueven el andamiaje económico de nuestro país.
Es lamentable que estos ciudadanos sean los más afectados por un sistema de transporte ineficiente. El calvario diario de esperar horas por un colectivo, viajar en buses en condiciones deplorables y enfrentarse a la falta de servicio nocturno es una realidad que no puede ni debe seguir siendo ignorada.
El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, insiste en la necesidad del diálogo como camino para resolver el conflicto actual. Según Fernández, tanto el gobierno como los transportistas comparten la intención de reformar el sistema, y la mesa de diálogo sigue activa. Por su parte, Cetrapam argumenta que opera a pérdida y que sus reclamos han sido ignorados repetidamente.
Es evidente que, aunque el gobierno responda positivamente a las pretensiones de los transportistas, el problema de fondo seguirá sin solucionarse. Más que nunca, las autoridades deben demostrar su compromiso con el interés de esa mayoría silenciosa que sufre a diario las deficiencias del sistema de transporte. La administración de Santiago Peña tiene la oportunidad histórica de romper con el ciclo de promesas incumplidas y tomar acciones concretas que mejoren la calidad del servicio de transporte público.
La transformación del sistema de transporte debe ser integral, abarcando desde la revisión de tarifas hasta la modernización de la flota de buses y la ampliación de los horarios de servicio. Además, es fundamental que se implementen mecanismos de supervisión y control que aseguren la sostenibilidad y la eficiencia del sistema a largo plazo. Se puede hacer una larga lista de países y ciudades del mundo que afrontaron problemas similares y que, gracias a una acción decidida, lograron un sistema de transporte eficiente y moderno.
Es el momento oportuno para que el gobierno tome el toro por las astas y responda efectivamente a un problema que lleva décadas sin solución. El transporte público en Paraguay necesita un cambio radical, y es responsabilidad del gobierno de Santiago Peña garantizar que este cambio se materialice para el beneficio del sector más vulnerable de nuestra sociedad, que utiliza diariamente este servicio.
