Pasaron 100 días desde que Santiago Peña asumió la presidencia de la República el pasado 15 de agosto. Aunque este período podría considerarse como el tiempo necesario para ajustar las tuercas y engranajes de una nueva gestión, resulta innegable, e incluso lógico, que la ciudadanía reclame resultados inmediatos ante problemas apremiantes, como la creciente ola de inseguridad que afecta al país.
A diario, se reciben innumerables denuncias de asaltos callejeros, y nos estremecemos al ver imágenes recurrentes de estos incidentes en los medios de comunicación, reflejando con precisión la cruda realidad que enfrentamos. Este no es momento para medias tintas ni especulaciones: la población no se siente segura, experimenta el temor de salir a las calles, y esto va más allá de una simple «sensación de inseguridad». Los casos reales están ahí, y sería un error atribuir el clima imperante únicamente a la prensa, cuya función es informar lo que acontece.
La última encuesta de percepción ciudadana posiciona a la seguridad como la segunda demanda más apremiante, justo detrás del acceso al empleo. Resulta paradójico que ambas cuestiones estén interconectadas. Es imperativo que se actúe de manera contundente para abordar esta problemática.
No podemos soslayar la realidad: la gente clama por soluciones. La administración de Peña tiene la oportunidad de marcar un precedente significativo en la lucha contra la delincuencia. Esto requiere no solo una inversión adecuada, sino también una firme voluntad política y un combate ejemplar contra la corrupción que pueda existir dentro de las fuerzas policiales.
El gobierno no puede permitirse postergar más esta tarea crucial. La seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad inmediata, y con acciones efectivas, Paraguay puede revertir este problema tan sensible, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Es tiempo de demostrar que la batalla contra los delincuentes y la delincuencia no está perdida, y que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad ineludible del Estado.
