La reforma del Estado es recurrente en la prensa desde 1989. Fue promesa, desde ese tiempo, en cada gobierno que pasó. Hoy que ella se encamina en algunas áreas, se percibe el doble discurso, con variados pretextos, en quienes lo clamaban. Lo real es que Paraguay debe decidir en hacerla o condenar, definitivamente, a la mayoría de su población por la inoperancia para iniciar los cambios.
Debe decirse que en este espacio de libertad fue trascendente la nueva Constitución de 1992. Ella sentó la base para la autonomía del Banco Central y permite actualizaciones financieras. Eso ayudó a la estabilidad macroeconómica con un libre sistema cambiario. También hubo mejoras en la administración financiera y tributaria, y la democracia vive elecciones libres y soberanas.
Sin embargo, a pesar de los discursos de "achicamiento" o modernización, el gasto público creció exorbitantemente y en la actualidad es insostenible. También debe agregarse que la Carta Magna trajo consigo mayores gastos con las nuevas instituciones creadas. Lo real es que el Estado se agrandó y, por ende, la inequidad persiste en el tiempo.
Ahora que el gobierno del presidente Santiago Peña ataca una de las causas de la injusticia social (gastar más de lo que se recauda). Quienes ayer la pedían, hoy se oponen. Una de esas causas tiene que ver con la caja fiscal/previsional en la que más del 85% de la población paga la jubilación del menos del 15%. Ergo, la vieja práctica de dilapidar hasta lo que no ingresa a las arcas públicas se mantiene inalterable.
Ante la dura realidad de la Caja Fiscal, el Gobierno desafía hasta el tiempo electoral que se viene y busca salvar la insolvencia y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Lo que ningún otro gobierno se animó a hacer por el temor al famoso costo tiempo, lo realiza la administración de Peña, revelando la hipocresía de contenido de aquellos que clamaban la reforma (incluye a opositores y parte de las direcciones de prensa).
Hay que observar con atención y diferenciar entre el ruido y la crudeza de los hechos. El primero tiene que ver con quienes protestan para no perder sus privilegios, y el segundo está dado en esa mayoría de la población que paga la jubilación (sin tener ninguna chance de jubilación), sea tanto para docentes como para militares, policías, jueces, fiscales y funcionarios públicos y trabajadores privados en general.
En ese propio grupo citado de posibles jubilados, para no ir lejos, ya existen desigualdades tremendas. Auscultando los datos, se podrá ver que no hay ni siquiera trato equilibrado en la edad mínima de jubilación ni en los años de aporte. De seguir como están, representan una erogación cercana a los USD 800 millones para los cinco años próximos, según estimaciones oficiales.
Reconocemos que el debate se impone. Pero debe partir de la razón ante la real necesidad de la reforma. La discusión tiene que concentrarse en la base, en una edad mínima de jubilación para sectores que no la tenían y en la equiparación de los años de servicio. Otro punto a ser analizado es la propuesta de elevar el aporte y encaminar así la equidad intergeneracional.
La Tribuna invita a la mayoría de la gente, a esa sociedad que, sin tener la posibilidad de jubilarse, paga la jubilación, y también a esa minoría, ¿por qué no?, que goza y gozará de ese derecho, a tener conciencia sobre el millonario déficit de la Caja Fiscal, que es un enorme agujero negro, un genuino barril sin fondo, insostenible.
La sociedad inteligente sabrá aprovechar el coraje de los actuales gobernantes en poner en agenda un tema que se ocultó por temor desde 1989. Hay que ejecutar los cambios a las normas de retiro, aportes y beneficios, poniendo gradualidad a la edad mínima de jubilación. Es injusto que haya sectores que no tengan la carga justa exigida (como el magisterio, fuerzas públicas y legisladores).
El momento país coloca a los habitantes de la República ante dos caminos: se saca ventaja de la valentía de las autoridades actuales para proyectar un devenir más llevadero para todos o -por dar el gusto a sectores privilegiados- se apuesta a más inequidad e injusticia, que significa envolver al Paraguay, a mediano tiempo, en pobreza y miseria.