Suena una utopía. Es que es una palabra que fue tan usada en épocas pasadas y en este espacio de libertad sirvió solo para propaganda electoral. En medio de ello, en Caaguazú, el presidente Santiago Peña prometió hacerla realidad. Algunos indicios bajo su administración dan porcentaje de crédito a su expresión en el sentido, que (esta vez) pueda darse para beneficio de las familias campesinas.
El tema en cuestión es la reforma agraria, que si se la encara de manera integral responde a un conjunto de acciones orientadas a transformar la estructura de tenencia de la tierra para efectivizar equidad, desarrollo productivo en zonas rurales y mejor trato social. Es decir, es trascendente lo que plantea el Ejecutivo. Si se convierte en hecho, será histórico.
Algunos aspectos que envuelven la esperanza es que en este gobierno hay una política de titulación masiva liderada por el Indert. Buena parte de ese trabajo lo ejecuta su propio titular, Francisco Ruiz Díaz. Como política de Estado, está en marcha eliminar el 3% de pago previo para la obtención del documento sobre la tierra, que -de darse- será otro punto favorable en beneficio de los labriegos.
Sin embargo, más allá de distribuir tierras, la reforma agraria -en su integridad- conlleva garantizar la soberanía alimentaria. Para eso debe fortalecerse la agricultura familiar y acercar infraestructura básica, como energía eléctrica y agua, sobre los que Indert mantiene conversaciones con autoridades de la Ande y la Essap. Además de la seguridad que debe darse para la vida en comunidad.
Como nación agrícola, y entendiéndose que en el Gobierno está un partido político agrarista, entonces es justo avanzar en el desarrollo del campo, priorizando al pequeño y hasta mediano productor. El grande tampoco puede quedar a su suerte, pero por su tamaño y presumiendo buena renta tiene mayor capacidad para protegerse solo.
La calidad de vida campesina se inicia con la titulación. Al respecto, Peña prometió pasar de 11.000 a 50.000 los títulos entregados. La formalización es la forma de democratizar la tierra, pues así se blinda el derecho a vivir y producir en ella. Por lógica no deben faltar la asistencia técnica, el apoyo crediticio y el acceso a mercados, que juntos y en suma fortalecen la producción nacional.
Entendemos que debe haber un órgano de coordinación, que puede ser el Gabinete Social o el mismo Indert. Ya para el próximo año, en el nuevo presupuesto, habría que tener en cuenta inversiones en caminos, ampliación de viviendas y los puestos de salud y educación. La meta para sostener el arraigo pasa por reducir la brecha entre el campo y la ciudad.
A la gestión del Ejecutivo debe adherirse el Legislativo, pues el éxito de la reforma agraria significa reordenamiento jurídico e institucional. Por lo que está haciendo el Indert, y por el respaldo que brinda el Gobierno, hay elementos para creer en que la tierra rural será, definitivamente, asumida como herramienta de desarrollo y bienestar, enfocado en que la propiedad rural debe servir a la función de una vida en comunidad.