Toda reforma, en esencia, busca adaptar alguna estructura para que sea más eficiente o restaurarla a su pureza original. También tiene como meta mejorar el sistema que ya resulta inviable. El proyecto de actualización fiscal/previsional del Poder Ejecutivo apunta, además de los puntos citados, a salvar la insolvencia y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Ante la cruda realidad del mal momento de la Caja Fiscal, la idea del Gobierno merece la debida atención, el debate racional y su posterior aprobación con parámetros de equidad. Ninguna oposición política partidaria, que sea inteligente, puede cerrarse a la reforma, pues, en el hipotético caso de que en el futuro llegue al poder central, heredará una bomba de tiempo que le explotará en la cara.
Los gremios sociales (sindicatos, centrales obreras y gremios del tenor que sea) tampoco deben ignorar la necesidad urgente que existe de socorrer de la millonaria pérdida anual a la Caja Fiscal (jubilaciones públicas). La sabia prudencia aconseja las correcciones, este año, para alentar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
El aumento de la edad mínima de jubilación y el ajuste del aporte obrero-patronal deben darse de manera irremediable para evitar que el déficit siga cubriéndose con recursos generales. En pronóstico se tiene una erogación cercana a los USD 800 millones para los próximos cinco años, según estimaciones oficiales.
La discusión tiene su base en una edad mínima de jubilación (57 años) para sectores que no la tenían y equiparar los años de servicio. Otro punto a ser analizado es la propuesta de elevar el aporte obrero-patronal al 22% (19% funcionario + 3% Estado), con lo que se pretende la equidad intergeneracional.
Toda sociedad que avizora días tranquilos está obligada a tener comprensión de que el Tesoro Nacional no debe cargar en terminar cubriendo los déficits de la Caja Fiscal, que así como está actualmente es un agujero negro, barril sin fondo, insostenible.
El proyecto de ley invita a ejecutar cambios sobre las normas de retiro, aportes y beneficios, poniendo una gradualidad a la edad mínima de jubilación. De hecho, no es justo que haya sectores que no tienen la carga exigida de edad mínima (como el magisterio y las fuerzas públicas). La propuesta igualmente anhela nivelar en 25 años el requisito de aporte, como vara en casi todos los sectores.
Otro tema que incide en la pérdida anual es el cálculo del haber jubilatorio. Eso de determinar por el último salario conlleva ajustes, aumentos y ascensos (entre clanes partidarios o entre amigos en el poder público) en los últimos meses. Ahora se piensa medir el promedio de los últimos cinco años, que resulta más equitativo.
Es valorable el coraje de este gobierno en poner en agenda un tema que genera resistencia, pero que sí o sí debe ser observado. Es una decisión valiente para atenuar o resolver un desequilibrio que otros gobernantes esquivaron por temor a posibles costos políticos. Ya el tiempo hará entender el deber de enfrentar la amenaza, cuyas consecuencias finales son realmente impredecibles.
Las autoridades políticas, los líderes gremiales y la sociedad en su conjunto deben tener conciencia y asumir con valentía la reforma de la Caja Fiscal. ¡Es una causa, es un compromiso nacional!