La titulación de tierras a favor de los labriegos otorga seguridad jurídica, formaliza la tarea en el campo, permite el acceso a créditos y fomenta la productividad. Además, impulsa el desarrollo rural y la microeconomía, promoviendo la inclusión financiera al facilitar el arraigo en el campo.
Es conveniente por ello considerar la prioridad del Gobierno sobre la titulación masiva de tierras para este 2026. Mucho de eso ya desplegó en el 2025 el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz. Hay que alentar la continuidad de gestiones con impacto favorable a favor de los sectores vulnerables.
En esta nación guaraní, históricamente, el campesinado vivió desprotegido. Hubo épocas en que, bajo el pretexto de la reforma agraria, la tierra solo fue dada a los amigos del poder de turno. En otro momento, se dieron las parcelas y jamás se entregaron los títulos.
Otro hecho conocido es que inmobiliarias cercanas a medios de prensa sacaban tajadas millonarias con el negocio privado y casi siempre buscaban, con enormes titulares, que el Estado no haga la sinergia: entrega de tierra y titulación. Esa suerte de boicot al sector rural debe romperse.
La propiedad formal permite obtener préstamos bancarios, lo que facilita la inversión en tecnología, insumos y mejoras en fincas. Al tener títulos, se incrementa el valor de los predios, se dinamiza la economía local y hasta se ayuda a la transferencia como herencia a los hijos.
La titulación significa estabilidad, pues solo con el documento en mano los campesinos obtienen legitimidad sobre su propiedad, protegiéndolos de desalojos y conflictos, y les da la certeza y confianza para planificar a largo plazo.
No se puede hablar de lucha contra la pobreza y negar el primer elemento de trabajo a las familias campesinas, que es la tierra. Y es un despropósito darla y no hacerla legal con la documentación respectiva. La titulación, por ende, es crucial para que las familias rurales tengan mayor actitud y eleven la producción agropecuaria.
Aplaudimos la presentación al Congreso del proyecto de ley que elimina el requisito de un pago previo del 3% del valor del inmueble para la titulación. El plan de empoderar a los productores pasa por ir resolviendo la deuda social acumulada hace décadas.
La titulación genera tranquilidad y, con eso, se impulsa el desarrollo comunitario. Valoramos la estrategia integral para el desarrollo rural, que es un activo productivo y motor de progreso para miles de familias. En la actualidad, podemos visionar una revolución positiva, diferente de lo que ocurría en tiempos idos.