El presidente Santiago Peña encabezó el primer encuentro del Gabinete Social del año. La información oficial describe que, en la oportunidad, el Gobierno tomó como agenda 2026 que el crecimiento del 6% del año pasado se traduzca en bienestar de todos los paraguayos.
Pocas veces, por no decir ninguna, hubo sinceridad, de manera directa, en sostener que el crecimiento debe ser sentido por la población para ser significativo. La mayoría de la sociedad, ciertamente, valora en su dimensión esa macroeconomía que tenga en cuenta el bienestar no solo de la élite, sino que sea inclusiva en beneficio de la población en general.
Entre los puntos analizados en el Gabinete Social estuvieron: la consolidación del empleo, acceso a la vivienda, transporte de calidad y fortalecimiento de la protección al consumidor. Todos son cruciales, siendo —posiblemente— el último el que está hoy en debate por ser sinónimo de la canasta básica familiar.
El fortalecimiento de la protección real al consumidor implica cuidar a los más vulnerables (social y económicamente). Eso conlleva ese compromiso, como salió de la reunión del Gabinete Social. El siguiente paso es cómo hacerla efectiva con los hechos.
Un inicio es empoderar digitalmente a los ciudadanos con educación en derechos y privacidad, asegurando mecanismos de reclamos y cumplimiento en sectores clave, que incluye, claro que sí, igualmente a los servicios públicos (agua, energía eléctrica, combustible). Y por qué no, también a los servicios telefónicos privados.
Paraguay tiene avanzada la tecnología, por lo que, poco a poco, es recomendable ir hacia el comercio electrónico, enfocándose en la transparencia e información de datos que ayuden como guía al consumidor. Asimismo, es necesario que se tenga en consideración a los fraudes, la publicidad engañosa y los productos defectuosos.
Esta era digital, con contenido y foco en la protección del consumidor, ahora nos invita a progresar en este siglo actual. Con el mismo propósito, también se deben desarrollar campañas de alfabetización digital y educación sobre derechos del consumidor, incluyéndose hasta en los currículos educativos. ¡Seamos ambiciosos en todos los aspectos!
Es bueno decirlo; será indispensable dar mayor fortaleza a las instituciones de protección al consumidor y agilizar los procesos jurisdiccionales para que los compradores puedan defenderse ante abusos.
Es decir, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) tiene que ser potenciada en su autonomía, con autoridad y poder, para mediar en conflictos que afectan intereses de los consumidores, que es su razón de ser.