Es esperanzador cuando existe el intento del esfuerzo público-privado para ubicar el punto donde la libertad de mercado coexista en equilibrio con el derecho de protección al consumidor. El entendimiento razonable debe tener su base en que no cabe la coacción al mercado como que el ciudadano que compra día a día quede solo al arbitrio del azar.
Se sabe que toda empresa privada tiene su costo para sostener salarios, el seguro social y el cumplimiento del tributo con el Estado. Por supervivencia debe tener el marco seguro de la oferta y la demanda, y que la competencia entre pares sea sana. Ello no deriva dogmas sectoriales que puedan terminar anulando el aspecto social en pro del bien común proclamado por la Iglesia.
En Paraguay no existen controles directos rígidos de precios que colisionan con el mercado, que ciertamente precisa moverse sin ataduras. Sí, últimamente, se percibe que hay familias reclamando algún sistema coherente que le permita, sin sobresaltos mayores, alcanzar productos de la canasta básica alimenticia.
No estamos de acuerdo con el populismo. Mucho menos en esa miserable ideología que busca la lucha de clases. Somos cautos, muy prudentes, en no dañar la inversión privada, pero es deber de todo medio de prensa escuchar, sin prejuicios, a ese sector que merece más que la cátedra de cómo funcionan los mercados en un estado de derecho.
De forma afirmativa decimos que no hacen falta leyes abusivas que menoscaben al capital. Ese modelo es nefasto. Empero, habría que saber observar que la absoluta libre determinación de precios golpea al grupo medio bajo, ante eso, entonces, cabe visibilizar respuesta que ponga a prueba lo pragmático. Tampoco hay que ir al extremo de acciones que perjudiquen la producción y luego eso pueda crear escasez. No. Eso de ninguna manera.
El desafío está en el diseño inteligente, altruista, si cabe la palabra, entre lo público y lo privado. La riqueza de toda sociedad abierta está en la sabiduría de fomentar, por medio de la innovación, más abundancia y consumo, todo dentro de un encuadre que proteja al consumidor en mercados libres y con competencia real.
Dentro de la cadena productiva, venta y compra existen, igualmente, tareas que competen a los proveedores y hasta a los intermediarios. En ese tramo el consumidor tiene derecho a la buena información sobre lo que compra, de cómo está integrado y conformado los costos de un determinado producto.
Otro detalle a tener en cuenta es la sana competencia entre empresas. Eso significa que no debe haber publicidad engañosa y prácticas desleales. Todo eso, en sinergia,conlleva, definitivamente, mejores precios y calidad. En esta lógica el beneficiado será el consumidor.
Una democracia que no sepa blindar al consumidor frente a la soberanía de las empresas con poder de mercado está cumpliendo solo una parte de su deber. Tal vez por eso el presidente Santiago Peña ya invitó a esa conversación serena en que respetando principios del libre mercado se tenga en cuenta a la mayoría de la sociedad.
Confiamos en que el contenido de ese diálogo tendrá como norte la inteligencia y la objetividad. El fortalecimiento de la propia democracia exige que haya madurez entre los sectores involucrados para hallar el equilibrio entre el libre mercado y el derecho del consumidor.