Poco a poco, pero con pasos sin pausas, el Estado se dirige hacia la digitalización administrativa. Un ejemplo más es que desde este mes los contratos públicos exigen comprobantes electrónicos. Eso habrá de derivar en transparencia, eficiencia y reducción de costos en el control en las transacciones.
La digitalización es la clave para prevenir mayor morosidad y alta evasión fiscal. Es la vía para agilizar los procesos tanto para todos los proveedores privados como para la administración pública. Es una manera ágil de seguimiento, en tiempo real, de los acuerdos privados con el Estado al momento preciso que actualiza la gestión tributaria.
Por todo lo dicho es plausible que a partir de este 2026, los proveedores de bienes y servicios públicos emitan facturas electrónicas, dejando atrás el comprobante en papel. La modalidad redefine un estilo de las compras públicas e igualmente las reglas para quienes mantienen contratos con organismos estatales.
Se encamina así el ideal para que todo el aparato público siga el mismo ritmo y en poco tiempo, posteriormente, esté absoluta e integralmente digitalizado. Eso significa modernizar lo público en el mandato imperativo hacia dónde va la sociedad global. La decisión de eliminar el papel facilitará los controles, reducirá márgenes de discrecionalidad y permitirá un seguimiento más preciso del uso de los recursos públicos.
Para el Estado supone una herramienta para ordenar procesos administrativos y de pagos. La modalidad debe continuar, sin tregua, para que otras dependencias y áreas públicas ofrezcan servicios rápidos, claros, eficientes y sin dobleces a los ciudadanos que habitan el suelo patrio.
El desafío, que se está construyendo, es que todo esté interconectado en líneas y expedientes electrónicos, e integrados en sistemas entre diferentes entidades. Se confía que en cuestión de tiempo se irán transformando todos los procesos físicos en digitales creando así un verdadero valor público a través de un único ecosistema digital.
Con el correr del tiempo se verán los beneficios de la digitalización con los contratos públicos y la exigencia de los comprobantes electrónicos. Siempre aparecerán algunos que se resistirán, pero es una cruzada inexorable que debe hacerse hacia un Estado más confiable y claro con la gente.
Lo concreto es que con eso que desde este enero --para cobrar al erario público-- hay un plan diseñado hacia la meta de la plena integridad al sistema de facturación digital. El Estado de la tecnología está en marcha. Eso, igualmente, fomentará la participación ciudadana y colabora en la calidad de vida porque enfoca un sistema de seguridad en la información creando por ende un valor público.