El pacto de gobernabilidad de 1993 generó en su momento oposición. Está probado actualmente que fue crucial para iniciar un proceso institucional y marcar un rumbo financiero. Como ejemplo citamos solo tres de sus ejes: sirvió para que las FF. AA. estén en los cuarteles, garantizar control electoral (TSJE) y blindar el manejo financiero (BCP).
El ciudadano que reflexiona en términos del interés general habrá de valorar que, antes de ese marco de entendimiento, las sombras eran los militares activos metidos en la política. Además, la realidad estaba en el peligro de los fraudes eleccionarios y que la timba financiera se hacía con las divisas cambiarias.
Repasando los archivos reafirmamos que en ese tiempo un medio lideró el boicot. Advertimos, por ello, que la idea de algún acuerdo nacional tendrá igual miserable ataque. Todo por la creencia de que el “cuarto poder” tiene más autoridad que los poderes del Estado, conocida perversidad mediática gritada para mantener y sumar privilegios, que ya muchísimo daño causó a la mayoría de la población.
El citado pacto de hace 32 años sentó un precedente histórico, cuyos beneficios son posibles visibilizar: los militares ya no son parte de la trilogía (partido/Gobierno/FF. AA.). Hay control electoral de los involucrados en la tarea partidaria y el Banco Central opera con autonomía.
Si en 1993 el objetivo fue la seguridad de la democracia política e institucional, el devenir invita a razonar sobre planes para dar el paso siguiente con miras a una expansión de utilidades que toque aspectos sociales. En aquel pacto tuvieron mucho que ver los dos principales partidos políticos tradicionales: los partidos Colorado y Liberal.
Mirando el 2028, pero iniciando ahora, es requisito una convocatoria más amplia. Es que las urgencias y necesidades son otras. Se precisan actores de todos los sectores del quehacer; líderes audaces, dispuestos a desafiar obstáculos tóxicos, y concretar con hechos el Paraguay incluyente, equitativo y solidario.
Ya la misma Iglesia Católica habló de un acuerdo que haga armonía entre el desarrollo de la nación y el bienestar para la gente. Eso será factible promoviendo cooperación, inclusión y sostenibilidad. La prosperidad mediante el esfuerzo del trabajo (costo y beneficio) es una llave para eludir males futuros: conflictos, y nada mejor que las soluciones tengan como causa una agenda dialogada en favor de la convivencia pacífica.
Ese acuerdo nacional tiene que tener en consideración en qué está y hacia dónde va el mundo. Así como el sector público tiene su parte, el privado tiene la responsabilidad en alentar el consenso, aunque si quiere seguir en oposición en todo y con todo, esta vez, al menos, no debe boicotear la búsqueda de mayor reciprocidad entre crecimiento económico y equidad social, asegurando beneficios a toda la sociedad.