Es saludable que la Iglesia haga sus críticas a la corrupción. Este mal se concentra en la función pública, alentado por políticos de diversos colores y su parcela igualmente está en el sector privado. Esto último hay que saber observar más aún cuando opera por la prensa para sostener privilegios y continuar sacando ventajas, con su letal impacto deteriorando la institucionalidad de la República
Como cada año, en el novenario de la Virgen de Caacupé, la Conferencia Episcopal Paraguaya expresa su opinión sobre la realidad nacional. Su temática, generalmente, es la corrupción. ¡Bien por eso! Sin embargo, haciendo un histórico de las homilías se percibe escaso foco en que el flagelo crece apuntalado por la impunidad inspirada —igualmente— desde lo privado. Si se anhelan correcciones, ese punto merece mayor atención.
El analista agudo conoce el manejo de añares de un grupo dueño de medios de prensa. Tal vez cueste que sea asumido, pero la objetividad empuja a reconocer qué uso dan a la libertad de prensa cuando están en juego sus intereses. Este tipo de conducta configura corrupción y, por ende, una perversidad que intenta someter, a conveniencia, a la Justicia.
La impunidad, en resumidas palabras, es la ausencia de castigo sobre quienes cometen delitos contra normas legales y jurídicas. En expresiones sencillas, es una de las causas del empoderamiento de la corrupción. Corresponde refrescar que la aplicación de las condenas (por Constitución Nacional) corresponde a uno de los tres poderes: el Judicial.
Queda a cargo de nuestros lectores valorar que la corrupción y la impunidad perjudican por igual. Son siamesas interconectadas. Ambas se amparan en chicanas, aprietes a jueces y a toda práctica ilícita para evitar el juicio final de la Justicia. Las dos tienen un alto nivel de destrucción sobre el reclamado fortalecimiento institucional.
Se sabe que las chicanas son nocivas si ellas afectan intereses del grupo mediático. Sin embargo, son alentadas en los pasillos judiciales y ocultadas por esa prensa cuando es el mismo sector financiero el que recurre a dilación maliciosa para obstaculizar el juicio en que está involucrado alguna alta autoridad del banco que es del holding y en la que la esposa es la directora.
El otro siguiente paso, acorde al manual bien conocido, es el amedrentamiento a la Justicia. Eso se revela en amenazas e intimidaciones directas contra el juez que aplicó la ley buscando reivindicar los perjuicios. Para esta práctica recurren al abogado verborrágico, cuyo relato luego tiene todo espacio en la prensa de la familia. Claro, el contenido es la coacción contra el magistrado.
Estamos en la semana del 8 de diciembre. Será oportuno, por consiguiente, y por su influencia en una población altamente católica, que en las próximas homilías, los obispos en Caacupé hagan ver que será difícil frenar la corrupción si no se permite el castigo (también) a quienes dicen manejar la opinión pública.
La Tribuna, durante sus 100 años de vida, mantuvo su claridad en que la Justicia no puede andar sorteando permanentes y constantes maniobras de mala fe dentro de los procesos (chicanas). Tampoco puede permitirse retorcidos aprietes a jueces con amedrentamientos, ataque externo (Jurado de Enjuiciamiento) y coacción en títulos y editoriales.
Si se quiere enfrentar la corrupción no queda otra que alentar los debidos procesos dentro del marco jurídico. Por de pronto, la moraleja es que la corrupción es también esa mediática acción de violentar a los operadores del Poder Judicial. Es una conducta sabida y viene de años. Eso conlleva a la impunidad y encima viene con el valor agregado de deteriorar la vida institucional.