La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se esmera en ser eficaz en la defensa de la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas. Sus informes, mayormente, son productos de los datos elaborados por sus socios, especialmente del designado delegado en cada país.
Valga la aclaración, primero, para valorar su esfuerzo en pro de la libertad, y, segundo, para ilustrar que sus opiniones periódicas sobre la libertad de prensa tienen como base, en buena medida, recopilaciones y referencias elaboradas por el representante local.
Ciertamente, la Comisión de Libertad de Prensa monitorea constantemente las violaciones en el hemisferio. También cada nación tiene su encargado de recopilar hechos que son analizados durante la Asamblea General semestral y anual. O sea, hay canales responsables en pasar los apuntes objetivos.
Es bueno comprender la importancia de la SIP en el continente. Del mismo modo, es válido comprender cómo se construyen esos informes que luego son distribuidos como resoluciones a gobiernos y entidades de la sociedad civil como una forma de alertar sobre amenazas a la libertad de prensa en América y el mundo.
El pasado 14 de octubre se conoció el último documento de la Sociedad Interamericana de Prensa. No figuró el retorno en papel impreso de un centenario medio de prensa. Olvido involuntario o no, siempre será reconfortante saber de nuevas fuentes laborales en el rubro que compete a la SIP, cuyo blindaje es otra preocupación de la organización.
La reconocida asociación de propietarios y directores de periódicos, diarios y agencias de noticias de América es, además, celosa de la institucionalidad. Es sano recordarlo, pues ella es crucial para sostener, proteger y fortalecer la democracia en el continente. Es una tarea que corresponde en porcentaje importante —igualmente— a los medios de comunicación.
En este tiempo que se mantienen vicios que buscan sostener la acción de los holdings de medios sobre la sociedad o que estén por encima de los poderes del Estado, es necesario diferenciar la libertad de prensa de la responsabilidad personal o de grupo ante alguna investigación judicial. Es que una cosa, en absoluto, no tiene relación con otra.
Así como las instituciones del Estado no pueden marcar, de ninguna manera, el rumbo de la libertad de prensa, del mismo modo la prensa tampoco tiene por qué obstaculizar que las instituciones del Estado cumplan su rol dentro de derechos y obligaciones fijadas por la Constitución vigente en toda sociedad abierta.
La SIP tendrá en el diario La Tribuna un serio aliado en el objetivo de profundizar la democracia, que pasa justamente por la defensa de la libre expresión, la libertad de prensa y el respeto a lo que corresponde a la institucionalidad republicana. En ese justo equilibrio está la mejor convivencia en sociedad.