El Gobierno lanzó un operativo inusual para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la amenaza terrorista. Su foco de atención son las fronteras con Brasil y Argentina. En otras palabras, la sospecha es que la delincuencia planificada ingresa al territorio nacional, mayormente, de los dos países.
Podrá ser o no ser exagerada una acción de Estado que involucra a 4.000 efectivos militares y 7.000 policías en los puestos fronterizos con las repúblicas citadas. Lo cierto es que, guste o no a los gobiernos de Lula y Milei, un buen porcentaje del auge de la criminalidad llega de ambas naciones vecinas.
En un intento por ilustrar lo destacado debe decirse que los principales grupos del crimen organizado de Brasil. Sus ramificados en Paraguay, son el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Ambos operan con redes mafiosas locales en el narcotráfico y otras actividades ilegales, según los propios informes oficiales.
El PCC cuenta hasta con el apoyo de redes también en Bolivia, Colombia y Uruguay. El Comando Vermelho es la otra banda criminal de Brasil, aunque se menciona que está perdiendo algo de fuerza. Está debilitada por la competencia y el arresto de sus líderes, de acuerdo a los datos policiales. En resumen, son los principales núcleos de narcotráfico que están en la región, y por ende en Paraguay.
Hasta ahora se desconoce que Argentina tenga grupos criminales propios que operen con una estructura formal y con un nombre reconocido en Paraguay. Sin embargo, es un paso conductor de una delincuencia transnacional, con raíces, principalmente, en México, Colombia y en el mismo Brasil, que extienden ilícitos usando operarios locales para todo tipo de operaciones y fechorías.
En Argentina, las actividades del crimen organizado suelen estar a cargo de bases internas (a veces denominadas “clanes narco”). Estos actúan en sinergia, alianza o subcontratación de organizaciones más grandes, especialmente para el tráfico de drogas. Será bueno aclarar que tienen casi el mismo nivel de peligrosidad como los conocidos PCC y Comando Vermelho.
Por la amenaza real que existe, esperamos que el operativo Escudo Guaraní tenga algún porcentaje de éxito y no sea un mero fuego de artificio. Movilizar 11.000 uniformados, entre militares y policías, tiene su impacto en el dinero público. Además, queda el hecho de estar descuidando otras áreas de seguridad interna urbana y rural, que corresponde, en exclusividad, a la Policía Nacional.
Por la participación de otras instituciones, se entiende que la idea de la acción estatal es matar varios pájaros de un tiro, ya que también se mueven a entidades como la Senad, Migraciones, DNIT y el Ministerio Público, ya -posiblemente- en busca del control de contrabando, evasión impositiva y otros delitos más que atentan contra el erario y la estabilidad.
La seguridad pública es un deber inherente e irrenunciable del Estado. Ante la amenaza cada vez más mayor de la delincuencia, es lógico que el poder garantice derechos y libertades ciudadanas. Solo vale agregar que para cumplir dichos fines es crucial contar con instituciones incorruptibles, puesto que el narcotráfico tiene suficiencia para infiltrarse en áreas claves del aparato público.