El plan de gobierno es lo estratégico que establece objetivos, metas y prioridades para impulsar el desarrollo durante el mandato presidencial. Una política de Estado es el conjunto de objetivos de largo plazo que guían la acción de la conducción nacional y trasciende las administraciones que se turnan.
En el entendimiento sobre el párrafo anterior, entonces se presume que el primer punto es una responsabilidad que está en ejido del poder político actual. Lo segundo traspasa el quinquenio y debe representar un compromiso de cumplimiento para los gobiernos posteriores.
Debe entenderse entonces que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2050, presentado por el presidente Santiago Peña, es el futuro de la República. De buenas a primeras es una intención que merece aplauso, pues el documento pretende ser guía de las tareas para las próximas décadas.
El contenido como hoja de ruta del citado proyecto de largo alcance está publicado por los diferentes medios de prensa. Son lineamientos que encaran el ideal de un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo, con metas a un plazo de 25 años en materia económica, social, ambiental e institucional.
Ahora bien, pisemos la realidad: el desafío en estos dos años de mandato que resta, en dirigir y sostener el proyecto en busca del anhelado bienestar general, corresponde al actual gobierno. El trecho para llegar al 2050, bien difícil y que no tiene experiencia similares anteriores, conlleva la continuidad en el devenir de otros gobernantes.
Obviamente, la base de todo plan que se extiende por décadas se construye con una plataforma de acuerdos entre los principales actores políticos y hasta sociales. Como dijimos, el PDN en su ideal no se limita al mandato de cinco años corridos, sino que incluye a gobernantes que vendrán en el 2028, 2033, ...y así sucesivamente.
Un déficit de la política paraguaya es -justamente- la falta de visión a largo plazo. No existen antecedentes visibles plenamente de metas que van más allá del período de cinco años para abordar los problemas estructurales. En algunos casos, por no decir la mayoría, ni se cumple con el plan propuesto en tiempos electorales.
Si las históricas deudas en materia de salud, educación e infraestructura, etcétera, no lograron la prosecución entre un gobierno y otros para sus soluciones, hoy los actores políticos deben comprender que la vigencia del propio Estado está en riesgo por la capacidad de destrucción del crimen organizado.
La contundencia de que el propio Estado está en peligro por el avance del crimen organizado (no solo en Paraguay) obliga a comprender la gravedad de la situación y debe hacer efectiva las políticas de Estado respetadas por los gobiernos circunstanciales.
De lo contrario, aunque habrá quienes no quieran asumir o no quieran ver, el futuro avizora el pronóstico de una democracia con autoridad socavada, instituciones débiles y gobiernos con legitimidad erosionada.