La energía renovable es un potencial que debe ser realidad con acción ejecutiva firme, sólida y decidida. Es un valor agregado que dará la justa mano ante los inconvenientes que se tienen pese a la vigencia de tremendas hidroeléctricas, que por encima de la propaganda con que se mueven no logran aplacar o reducir las necesidades de los consumidores.
El país es exuberante en recursos para el desarrollo de la energía solar. Incluso se cuenta con una nueva matriz dirigida predominantemente hacia la renovable. Esa norma promulgada está enfocada para el fomento y desarrollo de las no convencionales con el objetivo -justamente- de diversificar más la oferta energética.
Se admite que el país enfrenta el desafío de reorganizar su sistema eléctrico más ahora que la demanda está superando la capacidad instalada. Pero eso no pasa únicamente por más gastos a costa del erario público y continuar planes en tener más enormes centrales como son Itaipú, Yacyretá, Acaray, Corpus y otras represas.
El déficit de energía se puede resolver usando el sol paraguayo. La solución no pasa solo por el resultado técnico del que habla Ande, alrededor de USD 1.650 millones en nuevas plantas de generación y sistemas de almacenamiento. Y que entre el 2031 y el 2040 se gasten otros USD 6.700 millones para acompañar el crecimiento económico y urbano proyectado.
Además, se requerirán la red de transmisión y distribución para el cual el costo es cerca de USD 3.500 millones para modernizar y ampliar la cobertura, según sus técnicos. La Ande debe ser la primera en alentar que existan más empresas que generen energía, que no sea solo el Estado el que ponga toda la financiación, para finalmente -como se siente- sigan los cortes y la falta de energía.
Ninguna ley sirve si no es utilizada. La N° 6977/2023 (reglamentada en el 2024), permite el fomento, generación, producción, desarrollo y utilización de fuentes renovables no convencionales no hidráulicas. Ella conlleva a la diversificación de la matriz energética para reducir la dependencia de las grandes centrales hidroeléctricas.
La Ande debe ser administradora y coadyuvar, de manera institucional, que hayan privados en proveer energías alternativas y así garantizar la seguridad energética a largo plazo. Es más, la norma citada se centra específicamente en las fuentes renovables no convencionales, excluyendo la energía hidráulica a gran escala.
Este gobierno fue el que estableció la nueva regla para que el sector privado pueda participar e invertir en proyectos de generación de energía renovable, como la solar. La Ande, como principal gestora, debe poner su parte, pero en serio, apurando los procesos y hasta sugiriendo lo que haga falta para la adopción de energías alternativas.
Seguir llorando sobre lo mismo, o plantear millonarios costos que no lograr aplacar ni siquiera los cortes constantes, es girar sobre el mismo círculo, hasta se diría vicioso. En el territorio guaraní hay un alto potencial solar y eso debe ser explotado, pero con hechos.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) tiene que asumir la administración, y debe permitir que haya otras empresas proveedoras de energía. Por sus costos de cara al futuro ya parece inviable que sea única generadora, distribuidora y vendedora de energía. La cancha se le hizo grande, se requiere de otros actores para dar calidad de servicio a la población.