La calidad de la democracia se mide por la distribución y el buen uso del Presupuesto General de Gastos. Su éxito se calibra por la capacidad de cumplir objetivos, que implica equilibrio entre ingresos y gastos. Además, se tiene en cuenta el pago de la deuda y se valora el ahorro.
En Paraguay, en este tiempo, siempre está en agenda el presupuesto de gastos para el próximo periodo. El proyecto llega del Ejecutivo al Congreso. Luego cada institución hace su ideal y defensa ante el Legislativo, que sanciona la Ley, posteriormente promulga la Presidencia. Es algo así que no pasa de ser cuasi un mero ritual.
El verso del equilibrio financiero está en la boca de los políticos, anualmente. Sin embargo, poco o nada se tiene en cuenta aquello de gastar menos de lo que se ingresa, que es un inicio para hacer efectivo justamente el equilibrio. Es más, ni se tiene en cuenta algún ajuste si se supera lo presupuestado. Al contrario, la constante es la reprogramación para mayor costo.
Por lo percibido cada año, no se tiene la visión de comparar en serio los gastos reales con lo presupuestado para identificar diferencias significativas y tomar medidas correctivas. En puridad no existe una regla para actualizar alguna inversión o ajuste de acuerdo a cómo va la economía del país. Ni se observan, cabalmente, la reacción ante las urgencias, necesidades y prioridades.
Así las cosas, entonces queda insistir la atención no tanto en cuánto se gasta, sino cómo se gasta y en qué. Un tema que es foco histórico y clásico en la agenda es la pobreza, al que se suma últimamente la inseguridad y los tradicionales deseos de mejor salud y educación pública, a las que se agregan la vocería de que se harán más obras públicas.
Seamos claros, la mayor parte del dinero presupuestado está programado para el abono de salarios y la contratación de más funcionarios presuntamente para personal de blanco, docentes y dotación policial. Empero, contrariamente, crece el número de funcionarios administrativos y lo es más aún en tiempos electorales.
Se conoce que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Presupuesto de Gastos de la Nación 2026 asciende a unos USD 18.900 millones. Eso equivale a G. 149,2 billones, lo que representa una alza del 12 % respecto al presupuesto aprobado para 2025. Es decir, hay un aumento de gasto cerca de USD 2.000 millones más.
El incremento es mucho, justo o exagerado de acuerdo a la opinión de oficialistas y opositores. En medio de esa discusión, nosotros creemos que tiene que tener dirección y debe acompañar el momento que pasa la macroeconomía. Pues ambas aún no logran ser influyentes para disminuir la desigualdad. Con tan poca población y tanta riqueza, no se justifica que el cuarto de la población siga en situación paupérrima.
El Presupuesto General de la Nación 2026 debe ser una herramienta para reducir la brecha de inequidad. No es ético sostener un modelo productivo con alta concentración de ingresos y bajo efecto multiplicador, que limita el empleo, los salarios y los beneficios sociales. La reducción de la pobreza no consiste en mantener la estabilidad macroeconómica, sino en enfrentar las desigualdades.
El presupuesto, además de tener en cuenta los ingresos para la proyección anual, debe concentrar la atención en qué se gasta ese dinero y cómo se gasta. En ese debate debe estar la inversión pública, el trabajo y productividad y la protección social integral. El éxito de los gastos públicos no pasa solo por el monto, sino por su eficiencia para romper con la inequidad y desigualdad social.
