El derecho a la propiedad intelectual, en toda sociedad donde rige el Estado de derecho, otorga al titular -sea una obra artística, científica, de diseño o tecnología- la exclusividad sobre la utilización de su creación. Es la forma de proteger el tiempo de estudio, la inversión comercial y el activo intangible frente a usos no autorizados por terceros.
Las naciones sólidas cuidan la propiedad intelectual a través de leyes y sus órganos institucionales, incluyendo -como última instancia- al Poder Judicial.
El celo por la propiedad intelectual fomenta la creatividad e innovación que beneficia el movimiento económico y por ende a la población. El valor de la institucionalidad está en que forja naciones sólidas.
En esta era de la comunicación y la tecnología, más que nunca, tiene preponderancia el respeto a la creación ajena y, sobre todo, el actuar de las entidades encargadas en hacer valer los derechos, por ejemplo, de autor, patentes, marcas y demás productos registrados.
Una de las mayores amenazas en este siglo XXI son los piratas que operan pretendiendo beneficiarse a costa del esfuerzo mental, físico y financiero de los creadores. Ante dicha realidad, es justo comprender el principio de blindar, por sobre todo, los derechos exclusivos.
La piratería se refiere a la reproducción, distribución, uso o venta no autorizada de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.
Debe agregarse que la falsificación afecta al comercio justo, la innovación y el marco de la legalidad. Además, perjudica la imagen país y frena el desarrollo de las industrias creativas y tecnológicas.
Al garantizarse la protección de las creaciones, el Estado de derecho motiva a los inventores a seguir produciendo nuevas ideas y contenidos, y potencia lo tecnológico y la cultura.
Además, en consecuencia, condiciona a los infractores a reparar los daños causados, como la copia o el uso no autorizado de una obra.
En hora buena que Paraguay se encamina a vivir en sinfonía con la comunidad global que opera dentro de esa legalidad que otorga a los titulares de la propiedad intelectual el control sobre el uso y explotación de sus creaciones.
Eso da mayor estatus al clima de negocios y garantizará la protección de datos personales.