La canasta familiar con precios asequibles y nutritivos es un indicador del nivel de bienestar social de un país. Este tema movilizó, en la presente semana, a sectores públicos y privados, hecho que genera optimismo al constituir un paso hacia la evolución de la actual democracia política hacia una democracia más social.
Destacamos el interés del presidente Peña al incluir en la agenda el equilibrio que debe existir entre desarrollo económico y costo de vida. No se trata de llevar la discusión hacia cuestiones ideológicas ni de poner en entredicho la libertad de mercado. Nada de eso. El pragmatismo aconseja enfocarse también en el derecho que tienen los consumidores dentro de una sociedad abierta.
Es una apuesta a una revolución positiva ocuparse de que la macroeconomía paraguaya, reconocida a nivel internacional, produzca un efecto derrame que beneficie al usuario de los diferentes comercios. La estrategia requiere, como plantea el Poder Ejecutivo, una cadena de conexión sincera entre productores, intermediarios y comerciantes.
En realidad, constituye una reforma significativa que desde la política y el sector privado se hable de calidad de vida, concepto que por definición contempla la equidad general. Vale reiterar que, así como pueda generarse una conciencia en el sector privado, el ámbito público debe mantener el equilibrio fiscal mediante una política tributaria que estimule la inversión y, a la vez, proteja los puestos de trabajo.
Es saludable comprender que el desarrollo económico es un proceso que, en su continuidad, debe incorporar el bienestar de la población. A diferencia del crecimiento económico —centrado principalmente en la producción y el Producto Interno Bruto (PIB)—, el desarrollo económico aspira a transformar la estructura de la economía para ofrecer precios accesibles.
Paraguay debe avanzar sin complejos hacia un desarrollo económico que incluya el acceso a bienes y servicios básicos, como los que conforman el costo familiar. Una canasta básica, en términos económicos, es lo que requiere la mayoría de la población para cubrir sus necesidades esenciales de alimentación, y, en muchos casos, de vivienda, salud y educación, entre otras.
El desarrollo económico inclusivo, como valor agregado, contribuirá a reducir la pobreza y la desigualdad, al facilitar el acceso a prioridades dignas. Un gobierno sensible debe hacer lo que está haciendo: generar conciencia sobre la estabilidad de precios y esforzarse para que los costos de los productos básicos bajen o, al menos, se mantengan estables. Esto ayuda, además, a moderar la amenaza latente de la inflación.