La revelación de que Brasil espió sistemáticamente a autoridades paraguayas durante las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú no es un simple “incidente diplomático”. Representa una gravísima ruptura del principio de buena fe entre naciones soberanas.
Nuevas publicaciones, sobre la operación “Duque”, ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y confirmada con documentos oficiales, dejan en evidencia la obtención ilegal de información sensible de la Cancillería paraguaya. La magnitud de esta injerencia es mayúscula: Brasil no solo vulneró la soberanía de un país vecino y socio estratégico, sino que lo hizo mientras participaba en un proceso de negociación bilateral supuestamente basado en el respeto mutuo.
Lo más grave de este episodio es que además del daño externo, según las publicaciones, existió complicidad interna, lo que permitió la vulneración de los intereses del Estado paraguayo. Un hecho de extrema gravedad, que debe ser investigado y aclarado a nivel interno.
La respuesta del Gobierno paraguayo de suspender las negociaciones como una reacción a lo denunciado es una buena medida. No obstante, ante un hecho de esta gravedad, Paraguay debe exigir que el proceso vuelva a fojas cero. No se puede avanzar en ninguna mesa de diálogo mientras uno de los interlocutores se ha beneficiado indebidamente, ni mucho menos bajo las reglas previamente pactadas, que nacieron de una relación ya desbalanceada desde los orígenes mismos del Tratado.
Paraguay tiene razones históricas para desconfiar. Los acuerdos de Itaipú han favorecido sistemáticamente a Brasil en detrimento de los intereses nacionales. Nuestro país ha cedido por décadas, en nombre de la cooperación y la buena vecindad. Hemos abierto nuestras fronteras, compartido nuestra energía, y aceptado condiciones desiguales con la esperanza de una relación más equitativa. Miles de ciudadanos brasileños encontraron aquí oportunidades y bienestar, bajo la protección del Estado paraguayo. Las fuerzas de seguridad de ambos países colaboran permanentemente. Es, por lo tanto, inaceptable que esta confianza haya sido recompensada con espionaje.
A partir de estas revelaciones, es más que necesario establecer un nuevo marco de negociación, con reglas claras, transparentes y que incluyan una cláusula específica antiespionaje. Este tipo de prácticas debe ser sancionado con severidad, incluso con multas millonarias, si vuelve a repetirse. Itaipú surgió como un símbolo de unión entre dos pueblos y con el firme propósito de ofrecer energía limpia y barata a brasileños y paraguayos.
Es de esperar que nuestras autoridades actúen con firmeza. Esta nueva violación de soberanía no debe quedar impune o diluirse en excusas diplomáticas. Es necesario que Brasil demuestre en acciones su buena voluntad, a fin de recuperar la confianza mancillada y terminar con la histórica asimetría en el manejo de la hidroeléctrica binacional.
Paraguay no puede seguir negociando desde una posición de desventaja. El país merece una relación binacional justa, basada en la transparencia, la equidad y el respeto soberano.
