En Paraguay, la corrupción dejó hace tiempo de ser una anomalía. Se ha vuelto una costumbre, una rutina disfrazada de burocracia, que la ciudadanía ha aprendido a sortear como puede: con contactos, con favores, con la infaltable «aceitada» que destraba el trámite. Lo grave es que ya casi nadie se indigna; simplemente, se adapta. Y eso es precisamente lo más alarmante.
La intervención al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional es un ejemplo brutal de esta normalización. Durante años, esa dependencia fue un búnker de la corrupción: allí se gestaron documentos falsos para criminales internacionales como Ibar Pérez Corradi y Sebastián Marset y la cédula paraguaya de Ronaldinho. Lo sabíamos, se sabía. Pero la estructura seguía intacta.
Tras denuncias formales y presiones mediáticas, se decretó una intervención con anuncios de cambios tecnológicos, nuevos horarios y pagos electrónicos. Pero en la práctica, los usuarios siguen quejándose: la espera continúa, los trámites se demoran por semanas, incluso meses. La conclusión es obvia, la maquinaria de la corrupción disfrazada de burocracia sigue intacta.
El problema no es la falta de tecnología. El Paraguay ya cuenta con las herramientas para que una cédula esté lista en minutos. El verdadero escollo es cultural, institucional y profundamente ético. Mientras el «funcionario amigo» tenga más poder que el procedimiento oficial, y mientras pagar una coima sea más eficaz que llenar un formulario, ningún avance será sostenible.
El problema con Identificaciones no se trata solo de eficiencia, es una cuestión de seguridad. Un documento adulterado puede abrirle la puerta a un narco, a un traficante de armas, a un fugitivo del crimen organizado. Como ya sucedió en varias ocasiones. Estamos hablando de una amenaza directa a la soberanía del país y a la integridad de la ciudadanía.
La intervención de Identificaciones tiene que necesariamente ser un punto de quiebre. Si este proceso termina en un informe, unos sumarios y la rotación de algunos cargos, será otra oportunidad perdida y una anécdota más. La intervención solo tendrá sentido si conduce a procesos penales contra los responsables, a sanciones ejemplares, y sobre todo, a una transformación real en el modo en que se gestiona algo tan básico como la identidad ciudadana.
