El consumo de vapeadores entre jóvenes sigue en aumento, sin controles efectivos. Muchos de estos productos contienen niveles de nicotina superiores al 2%, el máximo propuesto por autoridades sanitarias. Especialistas advierten que, de no revertirse esta tendencia, aumentarán los casos de enfermedades crónicas asociadas al consumo temprano de nicotina.
No se trata de un problema nuevo. Las advertencias vienen sonando desde hace al menos cuatro años, sin que hasta ahora se haya impulsado una respuesta política seria en nuestro país.
En Asia, Oceanía y 8 países de nuestro continente mantienen una prohibición total de estos cigarrillos electrónicos, ayer en Europa se sumó, Inglaterra. Las normas son contundentes: tienen prohibiciones, que abarcan la fabricación, comercialización, importación y uso de estos dispositivos.
La inacción es el silencio de la complicidad. La propuesta de ley, aunque aprobada en Diputados, permanece sin tratamiento en el Senado desde el 2024 y ya fue postergada en cuatro ocasiones este mismo año.
Aunque Dinavisa cuenta con una normativa para el control y comercialización de estos productos, la práctica continúa sin freno, así como la importación ilegal en zonas fronterizas como Ciudad del Este.
En tiendas y centros comerciales se venden vapeadores incluso a menores, sin ningún tipo de restricción. En redes sociales, estos dispositivos se promocionan como productos inofensivos, sin advertencias sanitarias ni control de contenido.
Se consumen además en espacios cerrados como aulas, baños de colegios, transporte público, como si inhalar nicotina fuese tan inofensivo como respirar aire limpio. No hay fiscalización ni sanciones. La normalización del vapeo en entornos donde debería primar el cuidado colectivo es una señal clara del abandono institucional.
Es urgente aprobar una legislación que prohíba la venta a menores, imponga sanciones efectivas a los comercios infractores, controle el contenido de nicotina y exija advertencias sanitarias. También se requieren operativos enfocados en el decomiso de productos ingresados ilegalmente al país.
Los colegios también se ven afectados: según denuncias, los adolescentes no solo consumen estos productos, sino que los comercializan entre pares. Se necesitan campañas educativas con evidencia científica y testimonios reales que alerten a los jóvenes sobre los efectos del consumo sin control.
Cada postergación del tratamiento legislativo implica la incorporación de miles de nuevos consumidores a un mercado sin regulación efectiva. La voluntad política debe ser seria con este tema. No se trata de prohibir, sino de regular con firmeza.
