El pedido de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este está desembocando en una crisis política de proporciones que rememoran a otros casos de polarizaciones que tuvimos en nuestra historia democrática.
Lejos de ser una mera formalidad legal ante presuntas irregularidades administrativas, el proceso se ha convertido en un campo de batalla donde chocan intereses políticos, disputas de poder y viejas rencillas partidarias.
Pero lo más grave no es la disputa en sí, sino lo que deja al descubierto: una decadencia institucional que pone en tela de juicio la legitimidad de todos los actores involucrados.
En este escenario, poco importa ya si los informes de la Contraloría fueron técnicamente correctos, o si los intendentes señalados tienen o no respaldo ciudadano o si fueron íntegros en el manejo de los recursos de los contribuyentes.
La discusión de fondo –el uso transparente del dinero público– ha sido desplazada por una narrativa maniquea, donde lo que vale es de qué lado se está.
En ese contexto, la ciudadanía ya no espera imparcialidad, ni cree en la honestidad de las motivaciones. Solo ve maniobras en todos los sectores.
Es así que, antes de que avance siquiera el análisis parlamentario para decidir si corresponde o no la intervención, los sectores interesados ya fijaron posturas irreconciliables.
Lo preocupante es que esta polarización, donde ya se perdió totalmente la objetividad, afecta directamente la salud del sistema democrático, porque aumenta la desconfianza hacia las instituiciones.
La crisis que hoy enfrentamos no es solo una disputa coyuntural entre oficialistas y opositores. Es el reflejo de un sistema de gobernanza corroído por la desconfianza, donde ninguna autoridad –ni local, ni de control, ni legislativa– puede erigirse con solvencia moral ante la ciudadanía para decir: “Aquí se hará justicia”.
Antes de arrancar el proceso las posturas ya están tomadas y la posibilidad de transparentar el manejo de la cosa pública, quedó relegada.
Al embarrar la cancha, en lugar de avanzar hacia una administración pública más honesta, al final de este proceso quedaremos nuevamente atrapados en el lodazal de la descomposición institucional.
