Es una medida relevante, pero anunciar el pedido no equivale a demostrar su cumplimiento ni a descartar copias fuera del control de las autoridades. La ciudadanía merece respuestas verificables.
Y son en estos casos donde el Estado debía resguardar desde el primer momento ¿MITIC tenia la tecnología y el conocimiento necesario para adelantarse a un escenario como este?.
La preocupación supera la crisis de un banco. Un rostro convertido en registro biométrico, una historia clínica o un expediente judicial comprometen derechos que deben seguir protegidos cuando una empresa cierra, un contrato termina o un gobierno cambia. La responsabilidad del Estado permanece.
Paraguay ya aprobó la Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales. Sin embargo, su entrada en vigor fue diferida por veinticuatro meses desde su publicación, en noviembre de 2025. El desafío es convertir esa norma en protección efectiva: reglamentación, capacidad técnica, presupuesto y controles sobre empresas e instituciones públicas. La transición debe servir para construir esas garantías.
Las preguntas de Miguel Gaspar sobre copias y accesos, y el proyecto de Kemper y Valiente para instar a la colaboración del MITIC y del BCP con la Fiscalía, refuerzan esa necesidad de control. Deben contribuir a obtener respuestas y a sostener una política que continúe cuando esta crisis deje de ocupar las portadas.
Necesitamos soberanía digital: capacidad para decidir dónde se procesa la información, quién puede acceder, cómo se audita y de qué manera se recupera ante una emergencia. Eso exige poder cambiar de proveedor sin perder los datos ni interrumpir servicios esenciales.
Amazon, Google, Microsoft y otras compañías pueden ofrecer herramientas valiosas. Pero ninguna debería volverse insustituible para el funcionamiento del Estado. Contratar tecnología debe ampliar nuestras capacidades y preservar el control público, con condiciones claras para recuperar la información y trasladar las operaciones.
El problema se vuelve concreto en hospitales, jubilaciones, recaudación, educación y seguridad. Cada institución debería poder demostrar cómo seguirá atendiendo si su proveedor deja de operar. También debe contar con profesionales capaces de supervisar sus sistemas y recuperar sus archivos.
Responder a ese desafío requiere invertir sostenidamente en ciencia y tecnología. Formar y retener ingenieros, investigadores y especialistas en ciberseguridad. Fortalecer universidades y laboratorios. Desarrollar software, infraestructura y equipos públicos capaces de evaluar lo que se compra. Pagar licencias sin construir conocimiento prolonga la dependencia.
Alojar servidores en Paraguay tampoco alcanza si nadie puede auditar sus sistemas o controlar sus claves. La infraestructura nacional debe acompañarse de estándares abiertos, respaldos verificables, mantenimiento y planes de continuidad sometidos a pruebas.
El caso biométrico exige esclarecer responsabilidades y acreditar la custodia de los registros. También debe impulsar decisiones de largo plazo. Cada presupuesto que posterga la investigación y la formación tecnológica reduce nuestra capacidad de proteger derechos y sostener servicios. La soberanía digital necesita profesionales, instituciones competentes y recursos que permitan ejercerla.


