Hay una enorme diferencia entre una y otra. Una representa el marco de reglas claras establecidas, predecibles y oficiales que rigen a una sociedad. La otra surge como sistema creado para intentar evadir normas de Estado, mayormente, como mecanismo de ataque, para sostener una visión sectaria y/o blindar beneficios dentro de la desleal competencia.
Mucho o toda esa contradicción se podrá notar observando atentamente la postura institucional y esa programada vocería informal con relación al sistema bancario paraguayo. Estimados lectores, ustedes, sacarán sus propias conclusiones sobre la intención país y el porcentaje de terrorismo financiero que hay detrás de cada una de ellas.
Por un lado, está la voz del Banco Central del Paraguay, la ratificación del presidente de la República, la opinión del titular del Congreso y las evaluaciones de los órganos internacionales sobre la solidez del sistema bancario. Por otro lado, está el “Informe Rivarola”, la agenda leída por sindicatos membrete y el grito de los Filizzola, todos retroalimentados por quienes planearon el ataque contra el BCP.
Lo concreto es que la tensión planeada, adrede, liderados por medios de prensa, pretendiendo colocar la informalidad sobre las instituciones pretende influir en la marcha de la economía, desequilibrar la estabilidad política y romper toda cohesión social del país. Mirando objetivamente, es una misión miserable, muy miserable, desde todo punto de vista.
Es que la institucionalidad representa el escenario jurídico, con reglas predecibles y oficiales que rigen a una sociedad. En tanto, la informalidad surge como un alternativo que quiere tener más poder que la propia Constitución Nacional y cuyo objetivo es eludir las normas estatales por intereses en mantener privilegios, ganar otros negocios o meter presión (por qué no) ante posible acción judicial en ciernes por lavado de dinero.
Lo cierto es que el debate sobre el Banco Central del Paraguay se divide entre su formal estructura legal e institucional y las informalidades mediáticas que surgen de la coyuntura política y ambiciones financieras lideradas por ciertos medios de prensa con brazo patronal también, llamativamente, en las entidades bancarias. Duele decirlo, pero es así de categórico.
La postura institucional está respaldada por la Constitución y la Ley Nº 489/Orgánica del BCP. Desde la perspectiva del Estado y los organismos técnicos, el BCP es una institución independiente, con autonomía y autarquía administrativa y patrimonial. Su misión inquebrantable es preservar la estabilidad del valor de la moneda (el guaraní) y promover la solidez del sistema financiero.
El manejo en el ámbito informal abarca líneas periodísticas, amenazas editoriales (ampliaciones de los mismos por redes sociales), brindar carteleras a quienes por coyuntura tienen espacios legislativos, usar a periodistas que juegan de “analistas financieros” y recurrir al “informe Rivarola” y a eternos sindicalistas sin base creíble y seria.
Conclusión: El informal se basa en inventos y filtraciones utilizados como herramientas de presión política y ausencia de la ética en la competencia financiera, todos sumados para desestabilizar la credibilidad de la banca matriz. Por su lado, el institucional, casi sin hablar, muestra, que la inflación está controlada, que el guaraní conserva su poder adquisitivo en comparación con otras monedas y que (pese a la guerra, muy sucia) el sistema financiero es robusto para bien de la República.