Con su conocido argumento de investigar, difundir y dar a conocer hechos de interés público, ABC Color, hace rato, otra vez –por enésima vez en su historial– está actuando de fiscal, juez y soñando ser mucho más que las instituciones republicanas. Los que tienen memoria pueden mencionar un sinfín de sus fechorías realizadas con la excusa de la libre expresión.
Un ejemplo emblemático de mala praxis fue el que hizo contra el actual presidente de la Junta de Gobierno (ANR), Horacio Cartes. Por falta de espacio en esta columna editorial será difícil enumerar todos los desvaríos en que le juzgó y sentenció. Una y mil veces, acusaciones que, ciertamente, jamás, nunca, fueron probadas.
Ahora de nuevo viene bastardeando con otro inmisericorde ataque. Si ayer fue por un acérrimo odio político, actualmente es por mera competencia comercial. Por ende, ya amenaza de muerte a la autonomía del Banco Central del Paraguay, que es parte de su “Plan B” al fracasar el “informe Rivarola” con el cual quiso, inicialmente, tumbar a una entidad bancaria privada.
Tomamos el caso de Horacio Cartes, puesto que constituye la prueba dolorosa del abuso sobre el respeto a los límites profesionales y legales de la prensa. Aquí ni se respetó algún debido proceso institucional. Mucho menos la presunción de inocencia. Por justicia, ABC Color debe reportar una supermillonaria indemnización por los daños cuantiosos e innumerables que causó al expresidente de la República.
Obviamente, en la hipotética situación que Cartes quisiera, con derecho, exigir un resarcimiento, el grito será “ataque a la libertad de prensa”. Ante eso, hay que dejar claro que ni los periodistas ni las direcciones de prensa tienen derecho a asumir el papel de juez, fiscal o jurado. El despropósito de pretender colocarse sobre los poderes del Estado es uno de los mayores perjuicios a la institucionalidad.
Conste que hablamos del medio en que el esposo de la directora, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, está imputado por lavado de dinero. Aún así, rigen también el Código Procesal Penal y los principios constitucionales, en que toda persona es presumida como inocente hasta que haya la sentencia firme dictada por la Justicia.
Es que ni las transmisiones de las llamadas “estrellas” ni las publicaciones periodísticas reemplazan la prueba o un fallo o sentencia judicial, ya que ni las redacciones, los programas de radio y televisión ni las redes sociales son tribunales. Nunca lo fueron, nunca lo serán para el noble oficio de informar.
Se sabe que cuando el colega “condena” busca dañar la reputación e intenta influir en la autonomía de los poderes del Estado. Ese cruel juicio mediático deja secuelas reputacionales, en algunos, irreversibles, incluso si la persona es inocente al no haber reparación al menoscabo. ¿Quién devuelve a Cartes todo lo que sufrió y perdió?
Hoy, la meta de ABC es romper la autonomía técnica del BCP. Ya imputó al presidente y a los miembros del Directorio. En pocos días más hará su sentencia. Realmente, ¡es una paranoia! Es que la prensa no está para atentar –con el pretexto del derecho a la libertad de información– ni ultrajar el honor, la intimidad y tampoco pretender doblegar la institucionalidad.
Por suerte, eso merece festejo, la sociedad crece en su entendimiento al distinguir qué prensa presiona por intereses específicos. Justo ese diario que tiene un banco cuyos directivos están señalados de lavar dinero, investigados por un dudoso fideicomiso con dinero del IPS y sospechados de mover dinero del narco “Cabeza Branca”, sigue con el descaro de pretender marcar agenda a las instituciones.
Con todos esos antecedentes citados, debe haber mucha insolencia para pretender decir al BCP, a la Fiscalía y al Poder Judicial lo que debe hacer. Aunque debe decirse que no toda la prensa es desfachatada y carente de vergüenza. La mayoría de los medios tienen pudor y no son tan osados en pretender marcar el rumbo financiero cuando en la misma casa son observados por la Justicia de lavar millones de activos.