La destrucción del sistema bancario se considera en naciones democráticas un atentado contra la República. Es un tema racional reconocido tanto en el campo de la filosofía política como en el de la economía y el derecho constitucional. Está vinculado con el orden republicano.
Desde la perspectiva económica tradicional e institucionalista, el sistema financiero es valorado como una columna vertebral de la economía de una nación. Su obstrucción deliberada es calificada como un esfuerzo para desestabilizar la moneda, pulverizar el ahorro y paralizar el comercio. Ni más, ni menos.
Uno de los primeros aprendizajes del novato alumno de Economía es que se vulnera la paz social y la estabilidad institucional, cuando se anhela destruir la máxima banca nacional en una democracia. En tanto, el joven estudiante de Periodismo lo primero que sabe es que la prensa no está para boicotear o anular el Estado de derecho.
Es que la subsistencia y vigencia del orden republicano descansa sobre marcos constitucionales. Es elemental que en repúblicas democráticas haya protección a la propiedad privada, la libre empresa y la competencia leal. En ese marco jurídico, se reconoce que la máxima instancia bancaria nacional actúa como custodio de tales derechos.
Duele comprobar, por ello, el terrorismo financiero que apuntaba a provocar el colapso económico. Lo más increíble es que en campaña estuvieron medios de prensa, cuyos grupos mediáticos poseen entidades bancarias. Por suerte, eso hay que decir, uno de ellos salió a respaldar luego la institucionalidad del Banco Central del Paraguay (BCP).
Fue lamentable que figuras del periodismo, haciendo abuso de la libre expresión, fueron parte del ataque sistemático contra un sector bancario (voceros del inefable “informe Rivarola”). Es más deplorable aún que, ante el fracaso de dicho quehacer, ahora reciclen el contenido con otro proyecto: el “Plan B”, en que el complot ya va contra el mismísimo BCP.
Quedan en los archivos los contenidos de esa parte de la prensa que apostó a la violación de las bases jurídicas de la República. Solo en esas corrientes anticapitalistas y estilos populistas caben el asesinato del sistema financiero. En el caso paraguayo fue notoria que, por mera competencia, pusieron en riesgo a la banca nacional.
Eso sí, debe agradecerse, por otro lado, que pasados los días crece vigorosamente ese sector ciudadano que entiende que desde el punto de vista de la política económica y el bienestar ciudadano, jamás ninguna competencia desleal (por más sucia que sea) puede ganar adhesión en su ideal de desestabilizar el sistema bancario.
Queda la interrogante de si quienes lideran el terrorismo financiero calcularon el efecto dominó. Es que a diferencia de otros sectores, los bancos están interconectados. Ese esfuerzo por dañar a una entidad o al propio Banco Central iba a arrastrar a más instituciones, visualizaba el congelamiento del crédito y, claramente, empujaba a paralizar la economía.
Otro detalle no menor: Los terroristas financieros tampoco se compadecieron del ciudadano común, pues los principales afectados por una crisis bancaria no serían precisamente solo los ejecutivos, sino los ahorradores que pierden sus fondos y los trabajadores que sufren la recesión subsiguiente.
Queda la duda si detrás de todo estaba la misma destrucción de la confianza país ante el mundo. Es que el sistema financiero se basa en la credibilidad y las prácticas desleales debilitan el crédito de todo el entramado institucional.
Sí es posible afirmar que hay perversidad cuando la campaña periodística tiene como diseño el impacto al daño. Por la seguidillas de intencionalidad diaria, al darse una estrategia estructurada para manipular, es correcto asumir que el terrorismo financiero ni se compadeció de los daños colaterales severos que venía sobre toda la población paraguaya.