La agenda de los que fracasaron en el complot contra el sistema financiero se renueva. Advertimos que la intencionalidad no cesa, solo cambiaron el contenido tras el informe del Banco Central del Paraguay (BCP). Ahora el plan pasa por instalar que los políticos tengan injerencia e intentar así romper con la autonomía de la banca nacional.
En dicho objetivo ya están usando las voces de sus aliados en algo que, como se señaló en el párrafo anterior, es inconcebible en toda economía global. Observando el comportamiento de esos sectores mediáticos, se nota que el discurso se materializa en azuzar la interferencia política anormal en el órgano financiero principal del Estado, en el cual no tienen compasión ni por la estabilidad económica.
Afirmamos que corresponde —es legítimo— el informe solicitado por la Cámara Alta al BCP. Otra realidad distinta, muy diferente, es el despropósito de que actores políticos, del color que sean, caigan en el juego de los medios de comunicación que pretenden atentar contra la estricta autonomía del Banco Central.
En toda nación previsible y seria, hay una separación del régimen monetario de toda intromisión partidaria. El Congreso no puede, ciertamente, destituir directamente a los miembros del directorio del Banco Central, pero puede promover un juicio político contra su presidente o instar al Ejecutivo a removerlos por causales que fija su Carta Orgánica.
Quienes están actualmente con el Plan B, ante la frustración que tuvieron con el Plan A, ya activaron la reacción de sus vocerías. La mano política en cuestiones técnicas bancarias es peligrosa y puede significar ruptura institucional. En este caso, por simple capricho de quienes usaron el inefable “informe Rivarola” para crear una psicosis nacional, que, por inercia, murió por el camino.
Los que siguen nuestra línea editorial saben que volvimos al papel impreso para colaborar con la fortaleza institucional. Eso conlleva el argumento y el compromiso de respetar las reglas técnicas y los mandatos legales de las instituciones financieras. La previsibilidad consolida, brinda seguridad jurídica y confianza de los inversores.
Cualquier estudiante de economía, el ciudadano informado (el que usa el sentido común) asume que la credibilidad ante la sociedad internacional pasa por economías con un banco central independiente. Este carácter ayuda a obtener mejores calificaciones crediticias y, obviamente, a atraer la inversión extranjera, al blindarse un menor riesgo de decisiones arbitrarias partidarias.
La legitimidad de la democracia no proviene únicamente del voto popular, sino también de instituciones que —sin injerencias— son capaces de proteger derechos a largo plazo. En verdad, el plan B en ciernes es otro intento de complot que anhela romper con la vigencia de un BCP autónomo, que por Carta Orgánica es el que maneja la política monetaria del país.


