La institucionalidad garantiza el Estado de derecho. Ella es pilar fundamental de la República. Al asegurar que las normas estén por encima de intereses particulares y de grupos privados y públicos, siempre habrá quienes intentarán tener injerencia en la meta de sacar ventajas, por lo que son capaces –incluso– hasta de romper el orden republicano.
Ayer dedicamos el editorial a la Justicia Electoral. Fue justamente para ratificar el mensaje en que la solidez de la democracia pasa por la institucionalidad. Esta no es una definición abstracta. Es la vértebra que sostiene el ejercicio enfocado a que las decisiones públicas respondan al interés colectivo.
La institucionalidad no es un adorno. Ni es un fuego de pirotecnia. Su vigencia implica la existencia de organismos autónomos, independientes, con regulaciones que son respetadas y procedimientos transparentes, que –en suma– funcionen más allá de las coyunturas diarias y de las pretensiones de sectores exógenos.
Entenderla significa reconocer la necesidad de aceptar las responsabilidades y consecuencias que implica vivir en un ambiente de libertad. La institucionalidad limita hasta el poder real al definir la competencia de cada órgano del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Esto es así para evitar abusos o la concentración indebida de autoridad en uno solo.
La prensa, como órgano que comunica, no solo está obligada a alentar la fortaleza y la perennidad de la institucionalidad. Debe asumir que está dentro de la sociedad, no está encima de la gente. Es un cuento eso de creerse el “cuarto poder” con el engaño de actuar como fiscal que imputa o juez que condena.
La institucionalidad significa previsibilidad. Ella establece reglas fijas, estables. Este principio permite a la ciudadanía ajustarse a derechos y deberes. En tanto, a los inversores ayuda a saber cómo, dónde y en qué condiciones invertir. El sistema legal debe ser para todos, sin distinción de ningún porte.
La mirada imparcial, esa que se esfuerza por estar cerca de la objetividad, sabrá percibir que los políticos angurrientos, los grupos organizados de chantaje y los medios periodísticos sin ética son amenazas para la República. Duele asumir, pero en lo que concierne a nuestro nicho profesional, hay pruebas suficientes, repletas en los archivos, de las campañas orquestadas contra la institucionalidad de cierto sector mediático.
La Tribuna, fiel a su línea centenaria, afirma que la cohesión pública únicamente es posible construyendo y potenciando la institucionalidad como instancia ordenada hasta para resolver conflictos y elegir a las autoridades, como lo ocurrido en las elecciones municipales. Toda comunidad precisa el blindaje en la defensa de los derechos civiles, políticos y sociales en el marco de la Constitución.