A la gente de bien le causa satisfacción la seguridad que brinda la Justicia Electoral a la República. En nuestro caso, es doble el gozo porque desde un principio confiamos en ella y por el esfuerzo en sobrellevar ese periodismo que se sitúa en fomentar la institucionalidad para el fortalecimiento democrático.
Pasadas las 48 horas de las elecciones municipales no podemos ignorar, en una evaluación objetiva, la campaña que hubo contra la Justicia Electoral. En un análisis, con riesgo al error, puede decirse que la intención era deteriorar el crédito de dicho organismo, con lo cual se hackea la democracia y, por consecuencia, se daña la imagen país.
Cualquiera haya sido el fin, los maliciosos, en mayoría, mantienen actualmente un silencio sobre la excelente organización y juzgamiento de los comicios. Otros buscan el blanqueo de sus agresiones insinuando algún tibio reconocimiento. En este caso, debe decirse que —igual— la hipocresía tiene su buen porcentaje de daño al espacio de libertad.
Así como la Justicia Electoral, por su confiable gestión desde su creación hasta ahora, tiene que ser cuidada de quienes anhelan su perjuicio, también las demás instituciones republicanas deben ser protegidas en las naturales potestades a evolucionar, crecer y potenciar su autonomía.
Extendiendo la mirada, se percibe que el mismo grupo mediático que lideró el despropósito en cuestión mantiene su intento de menoscabo contra otras instituciones, como el sistema de justicia. Por eso sigue con el bastardeo en procura de lograr cierta intromisión con aprietes sobre investigaciones fiscales y fallos judiciales. Realiza estos esfuerzos por intereses personales y grupales.
Es bueno observar que la institucionalidad es igualmente entender la autonomía, por ejemplo, del Banco Central del Paraguay (BCP). Los políticos no tienen por qué meter la mano en la independencia de la matriz bancaria nacional. O de persistir en la injerencia y presión en las decisiones del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
La Tribuna tiene como eje central —dentro de su línea editorial— la institucionalidad de la República. El deber, por ello, es sostener y potenciar el Estado de derecho. Eso conlleva a vigilar, incluso, que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial operen en coordinación y recíproco control, y no se supediten entre sí.
Los conocidos linchamientos mediáticos contra las instituciones del Estado, como los que soportó la Justicia Electoral, son más que agravios a la vida democrática y republicana. La publicación sobre casos políticos, financieros y judiciales no habilita a la prensa, bajo el argumento de la libre expresión, a atentar contra las instituciones constitucionales.