Con la condena al exsenador Hernán Rivas por título falso se planea en el discurso el presunto ideal de la transparencia en la Justicia. El argumento apunta a anular de forma masiva las resoluciones en que participó siendo parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Advertimos que la meta real, en definitiva, es propiciar el caos jurídico.
Ante el hecho ya instaurado en agenda y que está en cierne, recordamos el contexto de que Paraguay viene conviviendo ante dos líneas de pensamiento/acción: la que intenta, deliberadamente, que no se fortalezcan las instituciones y la que tiene conciencia que la democracia es la sana evolución que profundiza las instituciones republicanas.
Dentro de esa primera visión están quienes ven el caso Rivas como la oportunidad para encaminar el caos jurídico, que significa inestabilidad sobre la imagen país para evitar y truncar, incluso, las inversiones. La meta en tal despropósito es provocar un colapso institucional; que no exista para el mundo seguridad jurídica y que, por ende, se deba anular hasta el doble grado de inversión.
Recordemos que el JEM es un órgano colegiado. Eso conlleva a consensuar que las resoluciones fueron tomadas por una mayoría de miembros. Es decir, ya no cabe eso de que automáticamente todo pierde validez. O sea, no existe mucho espacio para el pretendido efecto dominó anárquico e incontrolable.
La buena intención siempre tiene su base en la razonabilidad. Eso decimos porque habrá, entre las decenas de jueces y fiscales suspendidos o destituidos por corrupción o mal desempeño, quienes quieren pescar en río revuelto. Ellos harán el coro a esos medios que manejan el libreto en la meta de la batahola judicial.
Es más, varios de ellos ya están haciendo cálculos para sacar hasta plata del Estado con alguna demanda multimillonaria de “reparación civil” afectando el erario público. El argumento que querrán utilizar tiene que ver con eso de la “depuración” ante el vicio de origen que se produjo con el voto de Rivas.
Ante la mala fe, ciertamente, corresponde el uso del discernimiento para enfrentar el macabro plan. Ya de por sí, pretender romper la institucionalidad, o colocar en la mirada internacional un rostro país que concluya afectando las inversiones, devela que la idea es perjudicial, indigna, insana y maliciosa.
Muy por el contrario, que el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan sumados esfuerzos para condenar a Rivas revela institucionalidad. A eso debe agregarse que otro poder del Estado (el Legislativo) también le sacó su fuero de senador. Por ende, eso de habilitar hasta plataforma ciudadana para “subsanar” el daño es solo parte de una patraña: está lejos de la veracidad de una mejor institucionalidad.
La Tribuna, que más sabe por centenaria que por sabia, siempre serena y militante del orden, invita a la reflexión sobre el criterio del equilibrio técnico. Pues son perversos quienes apuestan al desajuste legal incontrolable. Adelantamos, a cara descubierta, la oposición a los que anhelan el caos jurídico. Los meros gritos políticos y ruidos mediáticos interesados no pueden desestabilizar el Estado.