Uno de los sectores que más promesas recibe en cada proceso electoral es el campesinado. Lo cierto es que también es el grupo con el que menos se cumplió. Ante ese relato veraz, es de justicia valorar lo que representa que el Gobierno, en un solo día, entregue 1.000 títulos de propiedad a las familias rurales.
El inusual acontecimiento ocurrió el martes pasado en el Palacio de López. Durante la jornada, otras 600 familias firmaron sus escrituras, dando paso a la fase final de registro y consolidando así el proceso de regularización de tierras. El acto fue encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.
Las estadísticas son contundentes. Con este nuevo paquete de 1.000 títulos, la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra alcanzó la cifra de más de 12.000 títulos dados en tres años de gestión. Haciendo una objetiva comparación, supera –ampliamente– el promedio histórico de la década anterior, que rondaba por los 900 títulos por año.
El salto cuantitativo en la titulación fue posible gracias a la eliminación de trabas administrativas. Allí está la implementación de la tasa de interés al 0% y la aplicación del sistema de Barrido Predial Masivo para la documentación integral de las colonias. Aunque esas acciones son consecuencias de la causa que está en la decisión política del Ejecutivo.
La titulación, en este caso masiva, de la tierra beneficia al hombre y la mujer de campo al otorgarles seguridad jurídica sobre su patrimonio. Además, dicha formalidad protege contra desalojos injustos e invasiones de terceros, hechos que son realidades de manera periódica.
La documentación formal permite el acceso a créditos, pues el inmueble se convierte en garantía para obtener préstamos bancarios y sirve hasta para financiar la producción personal. Es decir, es un activo que habilita entrar en el círculo de una economía más previsible.
El valor del arraigo está en que fomenta la permanencia de las familias en el campo al consolidar la propiedad hereditaria y las inversiones a largo plazo. De hecho, integra al labriego al sistema económico, social y político, permitiéndole gestionar asistencia técnica y comercializar con mayores garantías.
Un tema de lo que poco se habla es que la titulación masiva de las tierras es una forma pragmática para ir reduciendo la pobreza. Con certeza, se puede afirmar que es un sistema que ayuda a romper el círculo de exclusión económica en el sector rural, valorado en ese sentido hasta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO).