Advirtió sobre la consecuencia negativa que pueda producir una “guerra entre bancos” y que sea trasladada al ámbito político, dentro de la propia sede del cuerpo legislativo.
Sus declaraciones surgen a raíz de los recientes pedidos de informes aprobados por el Senado dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP). Estos tienen que ver con distintas operaciones sobre fondos públicos que involucran a la mayoría de las entidades bancarias.
Sus expresiones no son de censura para sus colegas. Al contrario, son mesuradas y tienen el valor para hacer entender el riesgo que pueda haber en la posible politización de las actividades bancarias. Si de algo puede sentir orgullo la sociedad paraguaya, es de la confianza que existe en el sistema financiero.
Esa solidez no es casualidad. Tiene el respaldo de las normativas marcadas por el Banco Central del Paraguay (BCP). La máxima instancia bancaria del país lidera la supervisión de las entidades financieras y, con su política eficiente, es pilar clave de la estabilidad basada en criterios técnicos.
Dentro de la potestad constitucional de la Cámara Alta está el pedir informes, que corresponden dentro de un Estado de derecho. Eso no se discute, y todo lo que es válido, sin violar el secreto bancario, debe ser respondido en tiempo y forma. Dentro de tal espacio, cabe el discernimiento e inteligencia para dimensionar y asumir la misma prudencia como la del senador Nakayama.
Puede resultar peligroso que dentro de las buenas intenciones legislativas –por mal manejo o apetencias partidarias grupales– quede algún resquicio para que la política intervenga en la autonomía de las entidades bancarias y, por extensión, termine afectando la soberana independencia del Banco Central.
La Tribuna se ajusta a los registros. Si publicamos temas bancarios es porque contamos con fuentes fiables institucionales, como son las acciones fiscales y judiciales que investigan presunciones sobre lavado de dinero, que –en definitiva– es un mal que daña la seguridad en el quehacer financiero y que está fuera del marco de la legalidad.
La preocupación de Nakayama es la misma de esa ciudadanía sana que quiere tranquilidad y seguridad jurídica. Corresponde tomar en su estricto significado que ningún sistema bancario pueda ni siquiera ser percibido que está bajo algún criterio político y no técnico. En una República seria se debe proteger al sistema financiero; eso es lo que pide, públicamente, el senador del PLRA.