Ciento cincuenta y seis años después de la Guerra Grande (1864/1870), parece que la alianza contra Paraguay permanece. Eso se percibe con la unión entre Argentina, Brasil y Uruguay pretendiendo sacar ventajas a costa de nuestro país con las cuotas del Mercosur generadas en el acuerdo con la Unión Europea.
Ante la intención de estas tres naciones sudamericanas, corresponde destacar la postura abordada por el canciller Rubén Ramírez Lezcano. El ministro solicitó que la implementación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea sea dada de manera equitativa por los cuatro socios sudamericanos.
Ramírez Lezcano oficializó el pedido de justicia ante el propio comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič. La UE ya abrió el proceso de aplicación del reparto en que Argentina, Brasil y Uruguay están con una distribución de cuotas de exportación con preferencias arancelarias en que Paraguay queda en desventaja.
Ciertamente, Europa no decide cómo se distribuyen los cupos entre los llamados socios del Tratado de Asunción. La equidad debería darse dentro de los parámetros solicitados por la posición paraguaya: que la asignación sea el 25% a cada uno de los cuatro países del bloque.
La reivindicación nacional fue ratificada en la misma reunión de cancilleres del Mercosur realizada la semana pasada en Montevideo. Sin embargo, Argentina, Brasil y Uruguay se unen entre sí entendiendo sus beneficios e ignorando la igualdad que debe regir en la región para la distribución de los contingentes.
Las cuotas son una de las herramientas para acceder al mercado europeo con condiciones preferenciales. Por ello, la forma en que se haga el reparto determina cuánto podrá aprovechar cada pueblo las oportunidades generadas por el pacto comercial.
La posición nacional se sustenta en que es el país mediterráneo entre los cuatro fundadores del Mercosur. Los mayores costos logísticos y la dependencia de infraestructura de terceros países generan un desnivel económico que debe ser compensado mediante la ecuanimidad de las oportunidades.
El mismo presidente Santiago Peña había reclamado el trato injusto ante sus pares del Mercosur, en julio pasado. Sostuvo que cada contenedor paraguayo enfrenta costos adicionales por la distancia hasta los puertos marítimos por lo que solicitó flexibilidad equitativa.
Ojalá que haya cordura y sensatez en las próximas conversaciones previstas en Uruguay dentro de un plazo estimado de 45 a 60 días. Es preocupante, por no decir doloroso, que Argentina, Brasil y Uruguay sigan con sus apetencias de siglos pasados queriendo aprovechar regalías atropellando derechos de la República del Paraguay.