La diferencia entre periodismo en dictadura y en democracia es que en la primera servía el de barricada apuntando a recuperar las instituciones. Esa campaña resulta fútil en la democracia en que los poderes del Estado representan legitimidad, legalidad y orden constitucional. Mantenerse en la batahola y el bochinche nomás es poco edificante.
La descripción del encabezado tiene el objetivo de ser una especie de disparador del debate ante el todavía vigente periodismo en permanente campaña electoral, y que encima –por estar molesto con la Justicia– busca golpear toda investidura olvidando que la libre expresión es uno de los pilares de la democracia.
La Tribuna soportó las persecuciones de los Morínigo y Stroessner y en sus 100 años de vida aprendió que en la construcción de una sociedad abierta, a la crítica hay que agregar propuestas. Sobre todo intenciones saludables para avanzar hacia una nación con instituciones consolidadas. Obvio que eso exige ideas y creatividad y, sobre todo, la actitud para salir del fango del encono y el odio.
En democracia se debe asumir conciencia en el entendimiento de que permanecer con la rabia conlleva a la difamación, lo que daña la credibilidad de la prensa. Las interminables agresiones y malicias contra personas que ocupan cargos por dar presunta ventaja a determinada línea política o para meter en aprietes a la Justicia en la utopía de sacar beneficios son ruines y deleznables.
Siempre, en cada caso, tanto para los actores privados como para los públicos, se recomienda que el foco de prensa no sea la dignidad. Claramente poco o nada colaboran aquellas decisiones fanáticas en su meta de destruir la autoridad pública. Más todavía cuando son visibles que las notas periodísticas son agendadas adrede para entorpecer o evitar investigaciones fiscales y sentencias judiciales.
Hoy vemos con frecuencia, en portadas y hasta en líneas editoriales, la abundancia de los insultos personales. Cada medio elige su estilo, pero el manual básico apunta a que la crítica se deslegitima cuando pasa de evaluar el desempeño a atacar la vida privada y la dignidad intrínseca queriendo influir en acciones que se toman en uso del cargo.
De hecho, el periodismo en dictadura y en democracia cambia radicalmente en su propósito, sus límites y en su obligación ética ante la sociedad. Parece que eso cuesta aún entender. La prensa, en una sociedad abierta, tiene el deber de informar con rigor para que la ciudadanía tome libre determinaciones. Ciertamente, eso conlleva que el emisor deba gozar de coherencia y de imagen transparente.
Sobre todo, tiene que poseer autoridad para acusar a los poderes y más si pretende dar cátedras a la sociedad de cómo vivir. Por ejemplo, no se puede atacar el lavado de dinero si uno está sospechado de este ilícito, tampoco es posible gritar contra los narcos si se está negociando con ellos, ni hablar de chicanas si se abusa de ellas para protegerse o editorializar la libre opinión si se está censurando las manifestaciones de periodistas propios.
La Tribuna cree que la democracia es un proceso permanente de aprendizaje sobre el significado de la institucionalidad en la República. En esa conciencia colectiva, los medios pueden y deben colaborar (es una de sus razones de ser). Eso impone que la prensa tenga el comportamiento cuadrado y consistente dentro de estándares éticos profesionales.