Es un despropósito la costumbre de un grupo mediático de pretender someter al Poder Judicial como objeto de sus caprichos. Con la excusa de la libertad de expresión, añora que la Corte Suprema siga sometida en cada esquina. Contrariamente, los magistrados –por sus funciones y la ética– deben tener prudencia, reserva e independencia.
Ese sector, cuyo andar es reconocido en la agenda nacional, creció en su ambición y enojo al notar que directivos bancarios del propio entorno empresarial están complicados en su deber ante la ley. Estos, paralelamente, están acusados por lavar dinero por denuncia de la Conmebol e investigados por el tema Messer, “Cabeza Branca” y un dudoso fideicomiso con el IPS.
La irritación subió este mes al grado de supuración cuando desde la Corte se informó de una visión que proyecta un desarrollo operativo, de enfoque y prioridades para avanzar en lineamientos y orientaciones de una comunicación judicial. Pero la intromisión privada va al grado de querer imponer reglas de qué deben decir, cómo deben declarar y en qué momento deben hablar los jueces.
La tarea de la prensa, categóricamente, es la información, aunque debe comprenderse, dentro de la razón, que el Poder Judicial tiene límites en su comunicación judicial. Guste o no, y eso ocurre en todos los países democráticos, los jueces y ministros no pueden hablar de manera ligera, ya que se exponen a presiones externas y hasta a los famosos aprietes.
Es una concepción lógica, deben evitar opiniones sobre casos abiertos para no influir en las decisiones. Podría entenderse ese desespero periodístico en la meta de cargar sobre la Justicia por los casos que involucran a los intereses de la entidad bancaria afín al grupo. Sea el caso, nada habilita a una campaña de odio, encono y chantaje.
La Justicia en varias regiones del mundo tiene lineamientos y orientaciones en un marco aprobado para la comunicación: los magistrados hablan en sus sentencias, también lo hacen por sus canales oficiales. En una nación transparente, la información institucional se canaliza de forma ordenada a través de oficinas de prensa (también a cargo de periodistas que merecen respeto en su trabajo) en lugar de las declaraciones permanentes e informales.
Se percibe que ABC Color está preocupado por el proceso de lavado de dinero. Eso conlleva a suponer que sumará más tinta y papel para meter presión, que ya es parte de su rutina de décadas. Lo sensato es alentar la vigencia de un moderno código de ética judicial; no el martilleo tratando de sacar ventajas por sobre resoluciones fundamentadas dentro de los procesos legales.
La Tribuna, fiel a su historia, mantiene su línea editorial de respetar a los tres poderes del Estado. Hasta toma como ridículo eso (en teoría o creencia) de que la prensa es el cuarto poder. Asumimos que como medio de comunicación convivimos entre la noticia y la ciudadanía, reivindicando el pleno derecho a opinar de manera libre, respetando las investiduras y las instituciones.